La FRMA realizó ayer el conversatorio “Rol del sector privado en el desarrollo infantil” y con ello cerró la quinta edición del foro Informándonos./ Óscar Machón
La instalación de salas cuna para el cuidado de los hijos de los trabajadores es factible y necesario para el sector privado de El Salvador, que además debe hacerlo “con la mejor calidad posible de educación”, aseguró Roberto Murray Meza, presidente de la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA).
La organización concluyó ayer su quinto Foro Informándonos, que desde 2014 reúne a la comunidad filantrópica local para compartir conocimientos e iniciativas. La actividad forma parte del eje de Formación Social de la FRMA.
Este año, el cónclave se centró en el tema “Educación temprana, la clave para El Salvador”, en apoyo a la propuesta de políticas públicas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en El Salvador, titulada “Invertir en nuestros niños: el norte común”.
Para el presidente de la fundación, el foro “es una oportunidad única” para conocer y discutir la aplicación de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de Trabajadores, publicada el 19 de junio.
El empresario salvadoreño destacó que la educación y la atención temprana a la niñez es un esfuerzo grande, “que tiene que hacer no solo el Gobierno, sino la sociedad”.
“Ya se ha demostrado que el sector privado puede atender esta situación (instalación de salas cuna), pero debe hacerlo en la mejor forma posible, con la mejor calidad posible de educación para los niños”, agregó.
Ayer, los asistentes al evento desarrollaron conversatorios y un taller para identificar ideas, oportunidades y desafíos en la implementación de esta ley. La UNICEF canalizará dichos insumos hacia los encargados de formular el reglamento.
Deuda de 30 años
La instalación de estos centros de atención en las empresas e instituciones públicas es una deuda constitucional de más de 30 años, que lograría saldarse una vez se elabore un reglamento, explicó el empresario.
La ley se basa en el artículo 42, inciso 2, de la Constitución de la República, que establece la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cuna, así como lugares de custodia para los hijos de sus empleados.
Si una empresa o entidad pública tiene 100 o más empleados estará obligada a brindar este beneficio, que cubrirá a los niños de entre cero y tres años de edad.
La legislación contempla tres opciones: instalar una sala cuna propia, asociarse con otra empresa para tener cunas comunes o contratar servicios independientes.
Tal como quedó redactada la ley, los patronos sufragarán los costos de instalación, mantenimiento y contratación del personal especializado. Sin embargo, los gastos de construcción y equipamiento serán deducibles del impuesto sobre la renta.
La ley da un plazo de dos años para que se haga el reglamento y por tanto empiece a aplicarse la normativa. Murray Meza afirmó que ese plazo “es mucho tiempo”, por lo que el sector privado debe liderar esta iniciativa.
“Ya existen experiencias exitosas que han implementado centros de cuidado infantil, como American Park”, añadió el empresario.
Además, consideró que el reglamento “debe ser construido por expertos, para que esté adecuado a la situación del país y pueda atender las necesidades de la niñez”.