El exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, confirmó que durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda recibió presiones tanto dentro como fuera del Gobierno.
“Un ministro de Hacienda siempre recibe presiones, dentro y fuera del Gobierno. Lo importante para un ministro es decir sí o no”, dijo anoche Fuentes en la entrevista digital del portal Voz Pública.
Ante la pregunta de la entrevistadora si ¿le pidieron en algún momento, cuando era ministro de Hacienda, dejar de pagar salarios?, Fuentes insistió que “las presiones siempre eran externas e internas y al final el ministro de Hacienda es el duro que le tiene que decir no a muchas cosas y así me tocó a mí, a decir no a muchas cosas”.
Fuentes fue el único funcionario que se mantuvo cuando Nayib Bukele asumió en 2019 la Presidencia de la República y renunció un año después, el 28 de julio de 2020, aduciendo motivos personales.
Sin embargo, su salida de la cartera se dio en medio de una polémica por críticas a la gestión de recursos públicos durante la pandemia y rumores de desacuerdos entre Fuentes y el presidente Bukele.
Desde su salida, Fuentes se mantuvo fuera del radar público y en unas de sus primeras entrevistas confirmó que su salida fue “eminentemente técnica” por desavenencias en el manejo de las finanzas públicas.
Yo creo que la modalidad en qué las finanzas públicas deberían de manejarse era una y cómo se consideraba era otra. En materia eminentemente técnica, decidí ponerme a un lado y tomar decisiones que eran importantes, muy personales. Uno recibe presiones internas y externas. No niego que un ministro siempre tendrá decisiones muy duras”.
Sin acuerdo con el FMI, “no veo salida”.
Fuentes estuvo al frente de las primeras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una tarea que asumió luego el actual titular de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Aunque en el mercado se conocía que El Salvador buscaba un programa fiscal con el FMI desde 2020, estas negociaciones se confirmaron hasta marzo de 2021 tras el gane de varias alcaldías y de la mayoría de diputados por el partido Nuevas Ideas.
Las negociaciones fueron bien recibidas por el mercado, sin embargo, las pláticas comenzaron a retrasarse cuando la nueva Asamblea Legislativa en su primera sesión, el 1 de mayo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Un nuevo contratiempo ocurrió cuando se aprobó la Ley Bitcoin, sin consultas públicas.
Fuentes explicó que la primera fuente de financiamiento del país son los organismos internacionales, donde el FMI lidera la lista en un grupo conformado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Luego está el mercado internacional y, por último, el mercado local donde los bancos son los principales prestamistas.
El exministro destacó que, por el momento, El Salvador tiene poco margen para emitir deuda en el mercado internacional ante el incremento del riesgo país que ha provocado que algunos bonos se coticen con hasta el 15 %, mientras que en el mercado local tampoco tiene espacio al topar los límites legales para emitir Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes).
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“Creo que las fuentes de financiamiento requieren el acuerdo con el Fondo. No veo muchas salidas”, dijo Fuentes al reconocer que “estamos en un escenario complicado” porque “creo que las fuentes de financiamiento son siempre escasez y hay que saber actuar”.
Si sale a los mercados, probablemente sale muy caro. El sistema financiero local, creo que está seco, ya toparon los límites de Cetes y Letes. Se habla de China, no creo que ponga deuda externa".
Mientras que las negociaciones con el FMI se demoran con el Gobierno salvadoreño, en Costa Rica se aprobó en semanas un programa de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés), muy similar al que busca El Salvador por $1,300 millones.
El programa SAF fue creado por el FMI para ayudar a los países que experimentan graves problemas en su balanza de pagos por deficiencias estructurales y un lento crecimiento. |
Asimismo, Fuentes señaló la necesidad de activar y actualizar la Ley de Responsabilidad Fiscal, congelada desde 2020 por la pandemia del covid-19. Para él, esta debería ser la primera medida que se debe incluir en el anteproyecto del presupuesto general de la nación para 2022, que se presentará a la Asamblea Legislativa a finales de septiembre.