La cara más dramática en Centroamérica de la pobreza es el hambre, aseguró el FIDA tras llamar a aumentar la inversión en políticas públicas de agricultura. / DEM
La imagen de los niños sin alimentos y desnutridos podría no desaparecer en la próxima década porque la eliminación del hambre marcha a un ritmo más lento por la falta inversión en el sector agropecuario a nivel mundial.
El reto se eleva para El Salvador, pues nueve de cada $10 que ejecuta el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) corresponden a cooperación, entre préstamo y donación, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
El FIDA es una agencia especializada de Naciones Unidas que se creó en 1997 como una institución financiera que movería capital para revertir la crisis alimentaria.
En su último Consejo de Gobernadores, realizado en Roma entre 11 y 12 de febrero pasado, los líderes mundiales hicieron un llamado a aumentar la inversión en el desarrollo rural tras declarar que los países no lograran cumplir el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de poner fin al hambre para 2020.
“Todos estamos de acuerdo en la gravedad de la situación y en que no hay tiempo que perder. Necesitamos redoblar nuestro esfuerzo y aumentar los recursos que dedicamos a erradicar el hambre y la pobreza”, indicó Gilbert Houngbo, presidente del FIDA.
Según Juan Diego Ruiz, director del FIDA para la región centroamericana, El Salvador es uno de los países prioritarios del trabajo del FIDA en América Latina, no solo por ser uno de los más vulnerables al cambio climático, sino porque los proyectos ejecutados en el territorio salvadoreño se han enfocado en la juventud, uno de los pilares fundamentales de dicho fondo.
Poca inversión
Los fondos otorgados por la agencia de Naciones Unidas, en modalidad de préstamo y donación, se han constituidos en cerca del 90 % de la asignación de inversión del MAG, según el portavoz.
La cartera de Estado “tiene un presupuesto básicamente destinado a gasto operativo y su presupuesto de inversión es limitado, de ese presupuesto limitado el 90 % proviene de los recursos del FIDA”, aseguró.
El presupuesto de 2020 asignado al Ministerio de Agricultura es $63.31 millones, de los cuales $3.23 millones se destinan para proyectos de inversión pública. Solo para este año, según el proyecto, el préstamo y la donación del FIDA representan $3.17 millones y es el 98 % del total.
El FIDA inició este año la ejecución del proyecto Rural Adelante en su Fase I, por $17.13 millones, que se enfoca en fortalecer las capacidades de los pequeños productores para adaptarse al cambio climático en Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.
¿Voluntad política?
Tomarse la fotografía donde los gobiernos se comprometen a poner fin al hambre está bien, pero las acciones reales requieren voluntad política para destinar más fondos de inversión.
“Nadie quiere quedarse fuera de la foto a la hora de firmar una gran declaración, luego como en los aviones de regreso a sus países algo pasa y ese compromiso como que se va diluyendo. Es allí, donde creo que hay que tener un mecanismo de rendición de cuentas”, aseguró el director del FIDA.
¿Por qué es importante invertir en alimentación?
El sector de agricultura y ganadería es el segundo generador de empleos en El Salvador, sobre todo en la región rural, pero vive en condiciones de pobreza.
Bajos ingresos
Los salvadoreños que se dedican a trabajar en actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura tienen ingresos mensuales de $168.54. Esto es insuficiente para que adquiera la canasta básica alimenticia ampliada, que incluye todos los alimentos para sobrevivir.
Pobreza rural
Los datos de la Digestyc indican que 30 de cada 100 salvadoreños (el 30 %) que viven en la zona rural se encuentran en condiciones de pobreza. El 22.9 % está en pobreza relativa, es decir, que no pueden cubrir la canasta básica alimenticia ampliada (el valor de dos).
Un problema de salud
Un estudio elaborado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) indica que El Salvador pierde $2,559 millones por malnutrición. Además, representa un costo de $820 millones para el pago de tratamientos de salud por sobrepeso, desnutrición y obesidad.