Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa recibió el anteproyecto del presupuesto por parte de Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. /DEM
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) pidió este lunes que no se apruebe el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2021 porque, aseguró, no cumple con los principios de la Constitución de la República.
El 30 de septiembre pasado, el Ministerio de Hacienda entregó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto del presupuesto para el próximo año por $7,453.5 millones con una brecha de financiamiento de $1,342 millones. Se trata del segundo ejercicio presupuestario de la administración de Nayib Bukele en un entorno de la peor crisis económica de El Salvador desde la guerra civil debido a la pandemia del covid-19.
Tras realizar un análisis del documento, Fusades presentó este día su posicionamiento institucional en que el justifica por qué aprobar el presupuesto tal cual fue presentado por Hacienda “sería suicida” y conducirían las finanzas públicas a una peor crisis fiscal.
El proyecto del Presupuesto 2021 no debe aprobarse. En su lugar, debe negociarse uno que permita una salida de la crisis social y económica que está viviendo la población (...) Aprobar el presupuesto sería suicida para el país con esta propuesta".
Álvaro Trigueros
Director del Departamento de Estudios Económicos
Ocho contrastes en el Presupuesto General de la Nación 2021:
Incremento de gasto social sin planes
Helga Cuéllar, directora del Departamento de Estudios Sociales de Fusades, explicó que un presupuesto viable debe presentar asignaciones presupuestarias realistas que se acompañen con planes de desarrollo conocidos.
Sin embargo, el anteproyecto presenta incrementos de gastos “sin planes, metas y objetivos claros”. Incluso, los programas que existen han sido declarados como información reservada.
El plan de salud se declaró en reserva en septiembre de 2020 y, en el caso, del Plan Nacional de Primera Infancia -que apoya el Banco Mundial- junto con la política “Nacer-Crecer” se incluyeron en información reservada desde junio.
Explicó que está pendiente el plan de desarrollo social, a pesar que por ley debe ser presentado a más tardar seis meses después de que asume un nuevo gobierno. “Sabemos que existe un borrador, pero no existe un plan que tenga metas, indicadores de seguimiento, prioridades clave para poderlo evaluar”, sumó.
Tampoco se conoce el plan de educación, ni de vivienda.
Falta de información veraz
En el presupuesto de 2021 se contempla un incremento sustancial en las carteras de salud y educación, pero “parten de información falsa o se carecen de la debida sustentación técnica” por la misma falta de información. “Se ofrecen promesas que no se podrán cumplir”, agregó Cuéllar.
“Difícilmente se puede evaluar la eficiencia productiva de las asignaciones presupuestarias y la gestión pública. No podemos saber si el costo es el adecuado, si la intervención que se ha diseñado es la más eficiente y, si no hay indicadores de seguimiento, los ciudadanos no podemos saber si los fondos que se están asignando realmente responden a las necesidades”, sumó.
¿Sin cumplir la Constitución?
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, aseguró que el anteproyecto del Presupuesto 2021 “no respeta” los principios de unidad, equilibrio presupuestario y universalidad establecidos en la Constitución de la República.
Advirtió que de aprobarse este documento podría ser sujeto a control constitucional tal cual ocurrió en 2017, cuando la Sala de los Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto de ese año porque no tenía todos los compromisos de gastos y se sobreestimó los ingresos. Ese año, El Salvador cayó en impago al no honrar la deuda de pensiones.
No se cumple la Ley de Responsabilidad Fiscal
El Ministerio de Hacienda no ha entregado a la Asamblea Legislativa el Plan de Regularización de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y la Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento del presupuesto 2021.
Debido a la pandemia, la Asamblea Legislativa aprobó suspender las reglas fiscales contenidas en la LRF mientras existiera una declaratoria de emergencia. Tras una cadena de prórrogas, suspendió sus efectos el 29 de mayo porque lo que “es plenamente vigente y aplicable todas las obligaciones que están en la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
El director Castro enfatizó que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, está obligado a presentar la declaración jurada.
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Un instrumento político.
Fusades critica que el proyecto del presupuesto que presentó Hacienda es un instrumento político para lograr objetivos electorales y aseguró que en el análisis del documento se identificaron “claras señales de demagogia y clientelismo político”.
Reduce asignación a instituciones de control
El presupuesto refleja la ruta de trabajo de un gobierno y sus prioridades. En el documento presentado por Hacienda se encuentra que reduce las partidas presupuestarias a la mayor parte de las instituciones de control y refuerza, por su lado, recursos a la Fuerza Armada y Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Proyecciones no realistas.
Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos, explicó que el presupuesto debe contener proyecciones de ingresos realistas, pero en el documento, en actual análisis en el pleno legislativo, plantea un incremento de $630 millones en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que únicamente se podría alcanzar si la tasa de este tributo se sube a 16.5 %.
Esta crítica también la ha planteado la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), quienes calculan una sobreestimación en los ingresos por $647 millones y $625 millones, respectivamente.
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Sin equilibrio fiscal
El tanque de pensamiento sostiene que el anteproyecto de 2021 eleva la deuda pública al “grado de exponer al país a una gran recesión que conlleva a más pobreza y desempleo”.
Hacienda ha solicitado refuerzo presupuestario por $1,342 millones, pero el análisis de Fusades indica que en realidad la necesidad de financiamiento para el próximo año llegará a $3,138.7 millones por las sobrestimaciones en los ingresos.