En el último trimestre de 2016, el Salvador enfrentó una crisis fiscal al subestimar el pago en el servicio de la deuda de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) en el presupuesto de ese año, dejando al país al borde del impago. Esto desencadenó reducciones en la calificación de riesgo del país.
Luego se logró una recuperación con la aprobación, en noviembre de 2016, de la ley de responsabilidad fiscal; sin embargo, en abril de 2017 El Salvador se enfrenta a una nueva crisis fiscal y esta vez sí se declaró en impago tras no lograr acuerdos en la Asamblea Legislativa para honrar el servicio de la deuda previsional.
De manera gradual el país logró mejorar su calificación soberana y fue hasta la semana pasada que llegó de nuevo a los niveles de hace dos años, con el cambio en el perfil crediticio a “B-” por parte de la agencia S&P Global Ratings. La mejora se debe al acuerdo para pagar la deuda de 2019.
“El país tardó dos años en recuperar su posición anterior, luego de la crisis fiscal (…). Le viene a demostrar que sin acuerdos políticos, legislativos y un diálogo productivo difícilmente el país sale adelante”, añadió Lorenzana.