Los salvadoreños salieron a medir ayuda alimentaria con banderas blancas semanas después de que se implementara la cuarentena domiciliar obligada. / DEM
Comenzó como una emergencia en salud y en un par de meses se tornó en la crisis económica más profunda de la historia reciente, así avanzó la pandemia del covid-19 que se ha convertido en “una amenaza histórica” al progreso social de los salvadoreños.
Esto concluye una investigación presentada anoche por la Fundación Poma a través de su Centro de Progreso Social (CPS), un análisis holístico sobre el impacto de la pandemia en las condiciones de vida de los salvadoreños. Con el covid-19 “hay un riesgo significativo de deterioro en el nivel de bienestar de la población, lo que a largo plazo representaría un retroceso grave en los logros alcanzados en las últimas décadas”, advirtió Manuel Sánchez Masferrer, coordinador del Centro.
La investigación se realizó bajo la metodología del Índice de Progreso Social (IPS), una herramienta creada y compilada por el Social Progress Imperative -cuyo socio local es la Fundación Poma- que mide la capacidad de una nación de convertir su riqueza en bienestar para su población en áreas esenciales como desarrollo humano, salud, educación, vivienda y libertades.
Masferrer hizo énfasis en que es “temprano para aventurar” qué tanto podría El Salvador retroceder en el progreso social, ya que dependerá de la profundidad en que se manifieste la recesión económica, pero advirtió que la investigación pone en relieve áreas prioritarias para la intervención.
La investigación es un insumo para que “las acciones de política pública y todas las intervenciones ejecutadas por otros actores de la sociedad deban estar basadas en información técnica y sujetas a monitoreo, y evaluación constante con el objetivo de garantizar la mayor efectividad, transparencia e impacto”, destacó Alejandro Poma, vicepresidente de Fundación Poma.
Ya en las últimas ediciones del IPS, El Salvador venía mostrando un retroceso en el progreso social. En 2019, el país se colocó en la posición 88 de 149 economías analizadas en el índice, esto equivale a cinco peldaños atrás de los 83 puntos logrados en 2018 frente a 146 naciones consideradas.
La posición obtenida el año pasado es el punto más bajo desde 2014, cuando se presentó la primera edición del IPS, pues en ese entonces el país se colocó en el lugar 63 de 132 países analizados. Eso equivale a un retroceso en el bienestar de los salvadoreños de 25 puntos en los últimos seis años.
Deterioro en salud y educación
La metodología del IPS retoma una serie de indicadores compilados en tres dimensiones: Necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. El análisis presentado ayer, que cuenta con el respaldo de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), revela que la crisis impacta todos los componentes evaluados; sin embargo, tiene mayor afectación en áreas como la salud y nutrición, acceso y calidad de la educación, y goce de algunas libertades.
La investigación destacó que en la dimensión de necesidades básicas hay un fuerte deterioro en áreas como desnutrición, mortalidad infantil, materna y por enfermedades infecciosas; mientras que en el pilar de bienestar se evidencia efectos en aspectos como la matrícula en la escuela primaria y secundaria, y acceso a educación de calidad; o en el componente de oportunidades hay impacto en derechos políticos, de expresión y de propiedad para la mujer. (Ver gráfico)
Es un llamado de atención, enfatizó Masferrer, a que “no nos olvidemos de todos estos componentes porque, de lo contrario, el retroceso será más grande y la recuperación más difícil”.
Ivette Contreras, asesora técnica del Centro de Progreso Social, recordó que la crisis no representa solo “shocks típicos relacionados con la pandemia” para El Salvador, sino que también se le agrega su alta dependencia de remesas y su limitado espacio fiscal para impulsar políticas que minimicen el impacto.
Para minimizar ese impacto, en el estudio se propone una serie de acciones como impulsar un plan de contingencia para los servicios de salud pública no relacionados con el covid-19, y apoyar al sector privado en la realización de pruebas para detectar casos.
