La ASI inauguró ayer su sexto congreso regional de energía, COREN 2019, con presencia de funcionarios. / J.C. Villafranco
Los industriales urgieron ayer al Gobierno salvadoreño a incrementar la inversión pública en proyectos energéticos renovables, los cuales permitirían suplir la creciente demanda del sector productivo y los pequeños consumidores.
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) inauguró ayer su sexto Congreso Regional de Energía (COREN) 2019, denominado “Energía y Digitalización: Brechas y Oportunidades hacia la Sostenibilidad”, que reúne a especialistas del sector energético y desarrollo sostenible de clase mundial.
Según la ASI, la inversión del país en energía superaría los $1,400 millones hacia 2021, con la empresa privada como financista de los grandes proyectos. La inversión pública dentro del rubro; sin embargo, avanza lento y sin mayores resultados.
De 2013 a 2018, El Salvador pasó de tener una capacidad instalada de energía de 1,581 a 2,056 megavatios (MW), un crecimiento del 30 % en solo cinco años “gracias a una importante inversión principalmente de iniciativas privadas con $913 millones”, aseguró el presidente de la ASI, Eduardo Cáder.
Citando los datos del Consejo Salvadoreño de Energía (CNE), el ejecutivo indicó que un 36 % de la nueva capacidad instalada corresponde al sector azucarero, y otro 25 % fue aportado por autoproductores industriales, comerciales y residenciales.
Las plantas de energía solar a gran escala, por su parte, representan un 22 % entre estas nuevas tecnologías; y “lastimosamente”, solo un 17 % correspondió a la expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, que requirió una inversión de $189.3 millones.
“Aún seguimos esperando inversión pública que vaya de la mano del potencial y necesidades de nuestro país”, acotó Cader.
Proyectos fallidos
El vocero de la ASI aseguró que la nueva administración del Ejecutivo se enfrenta a un escenario adverso. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Grupo CEL)se ha encontrado con tuberías tapadas, baja capacidad de generación, y proyectos detenidos con amenazas de arbitraje, como El Chaparral.
El proyecto, que Cader calificó como “una historia muy triste para el país”, ha enfrentado escándalos de corrupción, costos sobrevalorados y las protestas de comunidades aledañas en San Miguel. La obra inició en 2008 con un monto de $220 millones, pero en agosto de 2018 la CEL anunció que la inversión superaría $400 millones, por cambios en el diseño original.
El secretario de Comercio e Inversión, Miguel Kattán, aseguró que la inversión pública en energía en el próximo quinquenio “será mayor que la de los últimos 20 años”, e indicó que continúan las gestiones para la construcción de dos plantas geotérmicas con un préstamos de $270 millones, otorgados por el Banco Mundial.