La fiscalidad de las multinacionales, cuya contribución a los presupuestos nacionales no ha dejado de disminuir desde hace 40 años en beneficio de los paraísos fiscales, es objeto de una ambiciosa reforma en la reunión de Finanzas del G7.
Los ministros de Finanzas del G7 se reunieron este viernes en Londres, en el primero de dos días de encuentros, con un acuerdo "a la vista" acerca del establecimiento de un impuesto mínimo mundial a las grandes multinacionales, respaldado por Estados Unidos.
Estos son algunos elementos para entender el proyecto que debería poner fin a la la llamada optimización fiscal de los gigantes de la economía mundial.
¿Por qué?
En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recibió el mandato del G20 de combatir la "erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios" (BEPS).
Se trata de estrategias de optimización que permiten a las grandes empresas evitar el pago de impuestos.
Las negociaciones se reactivaron gracias a una propuesta de la administración Biden de fijar una tasa mínima del 15 %. Y también por la pandemia de covid-19 porqué los Estados buscan nuevos ingresos tras haber desplegado importantes planes de recuperación.
¿Cómo?
El objetivo es impedir que las empresas se escondan en países especialmente "acogedores" fiscalmente pero desconectados de su actividad real.
La reforma tiene dos "pilares".
El "pilar 1" pretende repartir equitativamente entre los países el "derecho a tributar" por los beneficios de las multinacionales, ya que una empresa como la petrolera BP, por ejemplo, está presente en 85 países.
Los Estados tendrán que acordar un nivel de "exceso de beneficios" que se redistribuirá en función del volumen de negocio realizado en cada país.
El "pilar 2" consiste en introducir un impuesto mínimo global para garantizar que una empresa multinacional no pague menos sea cual sea el lugar de su sede.
¿Qué tasa?
Estados Unidos había puesto el listón relativamente alto con una propuesta de tasa del 21 %, antes de poner sobre la mesa una cifra más de consenso de "al menos el 15 %".
Pero los economistas Gabriel Zucman y Thomas Piketty la consideran "ridículamente baja" ya que la tasa media del impuesto de sociedades en todo el mundo es del 22 %, frente al 50 % en 1985.
Según datos de la OCDE, la tasa inferior al 15 % se aplica en paraísos fiscales con tasa cero --como Jersey, Guernsey, Bahamas, Bermudas, las Islas Caimán, pero también Emiratos Árabes Unidos y Baréin--, y en países europeos como Irlanda (12.5 %), Hungría (9 %) y Bulgaria (10 %).
En algunos países, la tasa oficial puede ser elevada, como en Luxemburgo (25 %) o Malta (35 %), pero existen múltiples exenciones que la reducen considerablemente.
¿Qué empresas?
La tasa solo se aplicará a las grandes empresas con múltiples filiales y sucursales en todo el mundo, con volúmenes de negocio gigantescos y que tienen medios para reducir su carga fiscal.
Inicialmente, el pilar 1 de la reforma se dirigía a empresas digitales, entre ellas las llamadas Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple), lo que no gustaba a Estados Unidos.
Países como el Reino Unido piden además gravar los beneficios de las grandes multinacionales, en particular los gigantes digitales, en el país donde obtienen sus beneficios y no sólo donde están registradas sus sedes. |
La nueva propuesta estadounidense consiste en "tomar a los ganadores de la globalización, es decir, las 100 empresas más rentables del mundo, que solas obtienen la mitad de los beneficios mundiales", declaró a la AFP Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE.
En lo que concierne el pilar 2 --el impuesto mínimo global-- se verían afectadas menos de 10.000 grandes empresas, según la OCDE.
¿Cuántos ingresos fiscales?
La OCDE ha cifrado los ingresos en $81,000 millones al año, basándose en una tasa del 12.5 % para el pilar 2.
Según el Observatorio Fiscal Europeo, si la UE aplicara un tasa del 25 %, aumentaría un 50 % sus ingresos fiscales actuales.
Si se aplicara un tasa del 25 %, los bancos europeos tendrían que pagar un 44 % más de impuestos y empresas como Shell, Iberdrola o Allianz entre un 35 y un 50 % más, precisó.