Si no se modifica el anteproyecto del presupuesto, advirtió Fusades, el Gobierno necesitará $25 millones en 2019 para las devoluciones de tributos. / DEM
El actual anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2019 tiene una brecha no cubierta de $25 millones para las devoluciones de impuestos, advirtió la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
El tanque de pensamiento publicó ayer su análisis macroeconómico, denominado Presupuesto General de la Nación 2019: rumbo equivocado. Aunque destacó que existe una proyección de ingresos tributarios razonable y se manifesta mayor precisión de los gastos, el mismo vuelve a subestimar la devolución del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los exportadores.
El anteproyecto que se discute en el pleno legislativo contempla una asignación de $23 millones para las devoluciones de renta y solo $2 millones para el IVA.
“Si se aprueba sin ningún cambio”, indicó la institución, el Gobierno tendrá el próximo año una brecha no cubierta de $25 millones.
Fusades detalló que al término de 2017 las devoluciones de renta totalizaron $38.6 millones y $43.5 millones en IVA. En tanto, entre enero y agosto de 2018, el Ministerio de Hacienda retornó a los contribuyentes $20.6 millones por ISR y $21.2 millones en impuestos al valor agregado.
“Bajo un supuesto bastante conservador, se ha considerado que las devoluciones podrían llegar a $25 millones, en cada uno de estos dos impuestos en 2019. Dentro de este escenario, el presupuesto de 2019 tendrían una subestimación de $25 millones por ambas devoluciones”, señaló la fundación.
La subestimación en la devoluciones de impuestos ha estado presente en los anteriores ejercicios fiscales. Incluso, esto provocó en 2017 que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declarara inconstitucional el presupuesto al considerar que existían tres gastos ineludibles, entre ellos el retorno del ISR e IVA.
Peligro por desorden
Fusades destacó que el actual anteproyecto del presupuesto se “presenta más completo” porque reconoce que necesitará más financiamiento para suplir las salidas corrientes del Estado salvadoreño. Sin embargo, advirtió que “no se ha hecho un esfuerzo por racionalizar el gasto” como estable la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
“Esto es peligroso ya que, sin ordenar las finanzas públicas, la aprobación de financiamiento adicional por $607 millones mantendría una trayectoria de insostenibilidad de la deuda; se perpetuaría el financiamiento para gasto corriente y solo haría más fácil a las autoridades obtener deuda de largo plazo con este propósito”, comentó en su informe.
El anteproyecto que presentó el Ejecutivo al Congreso salvadoreño, en septiembre pasado, contempla un incremento en el gasto de $1,265.7 millones más que el presupuesto aprobado para este año, debido a los compromisos ineludibles del pago de $800 millones en bonos que se vencen en 2019, más incrementos en otras partidas presupuestarias como los subsidios.