La Asamblea Legislativa analiza una propuesta de ley para que el Gobierno incremente el volumen de compra de leche fluida a los productores nacionales.


La medida pretende que instituciones públicas como Centros Penales, hospitales, instituciones de protección de niños, niñas y adolescentes consuman exclusivamente leche y sus derivados de producción nacional.


La responsable de la iniciativa es la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Mayteé Iraheta, quien explicó que la medida puede beneficiar a 75,000 personas que trabajan de manera directa en la agroindustria ganadera en el departamento de Sonsonate, pero que su impacto puede alcanzar al doble de dicha población.


Actualmente se encuentra en vigor la Ley del Programa Escolar “Vaso de leche”, que tiene como objetivo beneficiar a la población estudiantil mediante la que el Estado provee de leche fluida de producción nacional a todos los centros escolares públicos del país.


De acuerdo con Iraheta, esta medida beneficia a productores nacionales, sin embargo, con la nueva iniciativa se pretende incrementar la demanda permitiendo al sector poder comercializar con facilidad y durante todo el año su producción.











Según la FAO, El Salvador importa $800 millones en productos alimenticios de los países vecinos cada año, que de sustituirse podrían aportar 400,000 empleos en el país.

De acuerdo con datos oficiales, en El Salvador la agroindustria ganadera es clave en la economía y en la cadena alimenticia. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2016, calcula que alrededor de 408,000 personas trabajan en el sector agropecuario.


“El Salvador está importando $800 millones en productos alimenticios de los países vecinos”, dijo la funcionaria que consideró que la sustitución de importaciones tiene el potencial de generar nuevos empleos.


“Dejemos de estar importando, acá está. En este momento, muchos agricultores van a perder sus cosechas y los precios están por el suelo y el Gobierno no está comprando producción nacional, sino comprando de fuera, eso golpea aún más”, dijo.


Iraheta sostuvo que una ley más amplia permitiría a los ganaderos ingresos estables. “Cuando el año escolar termina, la demanda baja inmediatamente y El Salvador está importando cantidades industriales de países como Nicaragua y Costa Rica, pero principalmente de Nicaragua”, apuntó.


Los diputados también tramitan una solicitud al Banco Central de Reserva (BCR) para que se creen líneas de crédito en las que se establezcan plazos de 10 años al 5 % de interés anual para beneficiar al sector agrícola y ganadero con el objetivo de potenciar la reactivación económica del país que se ha visto duramente impactada por el covid–19 y algunos fenómenos climáticos.


A principios de junio, y tras el impacto de la tormenta tropical Amanda, la Mesa Agropecuaria de El Salvador, reportó que unas 1,400 cabezas de ganado fueron afectadas por las lluvias. A esto se le suma que unas 8,000 manzanas de maíz, así como potreros y otros cultivos inundados en zonas bajas del oriente del país.



En busca incentivos para el agro



  • « ATENCIÓN » La FAO, estima que solo el 3 % del crédito llega al sector rural, por lo que los diputados pretenden impulsar su acceso.

  • « APOYOS » Los grupos parlamentarios buscan impulsar un recomendable al BCR para impulsar líneas de crédito para el sector.

  • « FACILIDADES » Iraheta explicó que se busca que el banco apalanque con financiamiento a 10 años plazo y 5 % de interés.