Fotografía: Diario El Mundo
Productores e ingenios azucareros pidieron este lunes a la Asamblea Legislativa que se investigue el proceso de denuncia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República de China (Taiwán), por parte de la Cancillería de El Salvador.
De acuerdo con la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES), el Gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció el TLC con Taiwán "de forma inconsulta y poco transparente", poniendo como fecha límite de vigencia del tratado, el próximo 15 de marzo.
Desde 2007, El Salvador y Honduras tienen un TLC con Taiwán, pero el estatus de este acuerdo comercial para los exportadores salvadoreños no ha sido definido, después de que el Gobierno anunciara el establecimiento de relaciones diplomáticas con China Popular y, por consiguiente, la ruptura con Taiwán.
La titular del Ministerio de Economía (Minec), Luz Estrella Rodríguez, se comprometió con el sector azucarero a evitar el retiro de El Salvador de este acuerdo, hasta que los exportadores tuvieran acceso a las mismas condiciones en otros mercados.
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Sin embargo, el presidente de AAES, Mario Salaverría, aseguró que la denuncia se llevó a cabo desde diciembre, y que esta decisión pone en riesgo al sector por compromisos adquiridos con compradores en Taiwán, en contratos por más de 57,000 toneladas métricas, equivalentes a unos $23 millones.
De acuerdo con el tratado, El Salvador tiene una entrada preferencial al mercado taiwanés en varios productos, como miel de abeja, frutas y azúcar. Este último es el principal producto salvadoreño que ingresa a la isla asiática, permitiendo la exportación de hasta 80,000 toneladas métricas de azúcar procesada libre de arancel, que dejan unos $30 millones al sector.
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De acuerdo con Julio Arroyo, director ejecutivo de la AAES, al terminar el TLC, los exportadores de azúcar tendrán que pagar un arancel del 17 % para entrar a Taiwán; sin embargo, esto afectaría los contratos firmados por empresarios salvadoreños, que podrían incurrir en incumplimientos y afrontar conflictos legales.
"Esto envía un mensaje de incertidumbre jurídica para los empresarios y para inversionistas internacionales (...) ahora, se tiene la variable que, en algunos momento, podemos denunciar tratados que les beneficien", afirmó.
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