La propuesta tuvo iniciativa de ley por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y si la Asamblea da su aval, permitirá a EDP, una sociedad de accionistas salvadoreños y estadounidenses, iniciar las obras físicas de la terminal.
La planta de gas natural tendrá la capacidad de generar 378 megavatios (MW) de energía. Este proyecto ganó en 2013 un contrato de largo plazo impulsado por las distribuidoras de energía.
La inversión en este proyecto oscilará entre $800 y $900 millones. La Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés) financiará $500 millones. La IFC forma parte del Grupo del Banco Mundial, cuyo directorio se reunirá en diciembre y someterá a aprobación la solicitud de EDP.
“Yo esperaría que por el impacto, la importancia y los tiempos que tenemos como país, los diputados pudieran en el cortísimo plazo aprobar este decreto”, manifestó Óscar Ortiz, Vicepresidente de la República, al entregar la solicitud.
“Los diputados le vamos a poner toda la atención que esto requiere y demanda (…) Nuestro compromiso es estudiarlo de prisa, sin pausa; pero de forma ordenada y correcta”, respondió Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa.
La planta de EDP abastecerá el 30 % de la demanda nacional de energía eléctrica y utilizará gas natural que suministrará Shell International Trading Middle East Limited. Solo en la construcción de la terminal marítima y en la central térmica se generarán más de 1,200 empleos directos, más otros 100 para el funcionamiento, agregó Eliud Ayala, titular del MOP.
De obtener el aval del Órgano Legislativo, EDP culminará la fase de gestión de los permisos ambientales, de factibilidad y construcción. Con eso, la empresa prevé iniciar las obras físicas a finales de 2018 o inicios de 2019, pues la compañía ya avanzó en la etapa de ingeniería de detalle.
Suministro iniciaría en 2021
El asocio Quantum GLU, que luego constituyó a la empresa EDP, ganó en 2013 la licitación de generación de 355 megavatios (MW) de energía renovable con su proyecto de construcción de una planta de gas natural licuado.
Este contrato de largo plazo fue promovido por el Gobierno y las distribuidoras de electricidad, representadas por DELSUR.
Se tenía previsto que la planta comenzara a suministrar energía en 2019, pero en 2015 la Sala de lo Constitucional ordenó que la administración de puertos privados se otorgara a través de concesiones aprobadas por la Asamblea Legislativa y ya no por la Autoridad Marítima Portuaria (AMP).
El cambio en la legislación motivó a la empresa a solicitar a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), en 2016, un plazo para preparar la documentación que debía entregar a la Asamblea. También pidió iniciar el suministro hasta 2021, prórroga que fue concedida.