El sector se prepara para iniciar la siembra de postrera, que arranca en agosto. / DEM


Tras los cultivos destruidos por las tormentas de Amanda y Cristóbal, ahora el sector agropecuario teme más pérdidas si se cumple el pronóstico de un incremento de lluvias entre agosto y octubre próximo.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió esta semana que los meses de agosto, septiembre y octubre serán más lluviosos de lo normal y se tendrán condiciones favorables para desarrollar el fenómeno de La Niña.

Para Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), si las lluvias no se presentan con tanta recurrencia-como ocurrió con la tormenta Amanda- los cultivos se podrían beneficiar, pero, si por el contrario, hay precipitaciones abundantes se podrían arruinar las plantas de maíz.

“Se está planteando una salida copiosa del invierno y afecta el frijol. Nos pasará lo mismo que el año pasado, la dependencia (de daños) depende de cómo sea (el cierre de la temporada lluviosa)”, explicó.

Según el pronóstico del MARN, la categoría “arriba de lo normal” del invierno prevalecerá en la zona oriental, una parte de San Salvador, Chalatenango y la región norte de Santa Ana. En el resto del país se mantendrán niveles normales de precipitaciones durante este trimestre.

El temor del sector es volver a perder cultivos como ocurrió en 2019 que, junto a períodos cortos de sequía, dejaron pérdidas por $27.4 millones. Asimismo, este año los productores agrícolas ya reportan daños por el paso de las tormentas tropicales de Amanda y Cristóbal por $1.5 millones.

Mientras los productores no reportan brotes de la langosta voladora, explicó Treminio, en los cultivos se incrementó la presencia del gusano cogollero y el medidor. Aseguró que ambas plagas ya están controladas.

El sector resiente además el incremento de costos de producción por la no operación del sector transporte, como medida para contener el covid-19. Treminio explicó que los agricultores deben pagar vehículos particulares para movilizarse a los centros de ventas de insumos agrícolas, esto puede ocasionar que la inversión aumente hasta 10 %, que luego no pueden trasladar al consumo final.