El ministro Zelaya asegura que las reforma de pensiones se consultará con todos los sectores.


El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, restó importancia a las alarmas de economistas sobre el interés del Gobierno de nacionalizar los fondos de pensiones y aseguró que es un planteamiento “falso”.

“Eso es falso. Creo que el presidente Bukele ha sido muy claro”, dijo Zelaya al recordar que el mandatario salvadoreño se ha comprometido en varias ocasiones en presentar una propuesta que beneficie a los cotizantes, al Estado y a las administradoras de fondos de pensiones, que pueden ser públicas o privadas.

El Salvador privatizó el sistema de pensiones en 1996, una medida que entró en vigencia en abril de 1998. Actualmente el mercado se reparte entre AFP Crecer, con el 52 % de la población, y AFP Confía. A cargo del Estado están las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).
Es falso que el Estado quiera apropiarse de los fondos de pensiones. El presidente Bukele fue claro desde su campaña, que El Salvador necesita una reforma integral de pensiones".
Alejandro Zelaya
Ministro de Hacienda

Durante el programa de Diálogo con Ernesto López, el funcionario agregó que el Ejecutivo prepara una propuesta que, una vez llegue a la Asamblea Legislativa, se someterá a una consulta con “todos los sectores”.

La última reforma de pensiones se aprobó en septiembre de 2017 como un alivio a las finanzas públicas para evitar que El Salvador cayera en impago y significó varios cambios, como el porcentaje de cotización y la creación de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS).

En las últimas semanas, economistas advierten que la nacionalización de los fondos es una alternativa para que el Gobierno obtenga financiamiento en un momento en el que requiere recursos para cubrir sus compromisos, un escenario tentador si no alcanza un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Nacionalizar las pensiones también permitiría aliviar el peso de esos compromisos que hasta junio de 2020 representan una deuda a cargo del Estado por $5,555.91 millones.







Las AFP están obligadas a adquirir Certificados de Inversión Previsional (CIP), utilizados por el Gobierno para pagar pensiones públicas, con hasta el 45 % de los ahorros de los trabajadores que cotizan.