El Gobierno confirmó en marzo pasado que negocia un acuerdo con el FMI para aplicar un ajuste fiscal en tres años. /DEM
Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “sigue fuerte”.
Zelaya indicó que el Gobierno mantiene las negociaciones con el FMI para alcanzar un acuerdo crediticio de hasta $1,300 millones bajo la figura de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés), que le permitiría al Gobierno salvadoreño realizar un ajuste fiscal para corregir el alto nivel de deuda.
El funcionario indicó que este miércoles 16, a las 11:00 a.m., se tenía programada una llamada con técnicos del FMI para seguir en las conversaciones. “No depende solo de mí la fecha en que se firme el acuerdo, el acuerdo sigue tan fuerte como estaba hace unos días”, sumó.
Luego que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley Bitcoin, el precio de los bonos comenzó a descender mientras que el riesgo país se elevó por el temor que se perdiera el acuerdo con el FMI, un programa clave para que El Salvador reciba financiamiento de otros organismos multilaterales.
La semana pasada, Gerry Rice, portavoz del FMI, señaló que la adopción del bitcoin como moneda de curso legal “plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”. Incluso se convocó a una reunión con el presidente Nayib Bukele, de la cual ni el multilateral ni el Ejecutivo han detallado los resultados.
Zelaya comparó la entrada en vigencia del bitcoin como moneda de curso legal al cambio del “patrón oro con el dólar, creo que en algún momento saltaron las alarmas algunas gentes que no estaban de acuerdo o es más adversa al cambio”.
El ministro de Hacienda reconoció que existen riesgos con la adopción del bitcoin, pero en la medida que lo regulamos creo que aseguramos que los riesgos que conlleva se vayan mitigando poco a poco”.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha advertido que perder el acuerdo crediticio con e lFMI podría cerrarle las puertas a El Salvador al mercado intencional y restringir nuevo financiamiento con el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).