El Estado aún no presenta la iniciativa de ley para la protección a víctimas. / DEM
Cristosal, una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos, estimó que el año pasado 235,708 personas sufrieron un desplazamiento forzado por violencia en todo el país.
El dato fue estimado luego de los resultados de la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), quien al preguntar a 1,806 personas si habían tenido que cambiar de vivienda para protegerse de la violencia, recibió que el 5.2 % sí lo hizo.
“Es una encuesta que se hace exclusivamente para adultos, se hizo un análisis exponencial a las personas adultas que están a nivel nacional en el 2018, y eso señala que unas 235,000 las que se han desplazado en el 2018”, dijo Rina Montty, oficial regional de la unidad de monitoreo de desplazamiento forzado de Cristosal.
La encuesta señala que ocho de cada 10 salvadoreños creen que el Estado debe reconocer el fenómeno y más del 90 % está de acuerdo con una ley que proteja a las víctimas de éxodos por violencia.
El 13 de enero se cumplen seis meses para que la Asamblea Legislativa cumpla el plazo que dio la Sala de lo Constitucional, para legislar una normativa que reconozca el desplazamiento forzado por violencia.
La encuesta del IUDOP también preguntó sobre las medidas extraordinarias de seguridad, que tras una reforma pasaron a formar parte de la Ley Penitenciaria. Los resultados señalaron que el 75 % de salvadoreños piensan que estas medidas “poco o nada” redujeron la delincuencia.
También, señalaron que el 51 % de personas están de acuerdo con ley para rehabilitar pandilleros y el 57 % dice que la rehabilitación es posible con condiciones adecuadas.
