El Juzgado Especializado de Instrucción para una vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador envió a juicio a 13 procesados en el asesinato de la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Mayarí Ayala Palacios.
Según el fiscal de la Unidad Antipandillas, Arturo Cruz, la jueza dijo que los policías no tuvieron la intención de capturar a Juan Josué Castillo Arévalo, alias “Samurai”, cuando llegó a la sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), en la madrugada del 29 de diciembre del 2017.
“La víctima (Carla Ayala) llegó a las instalaciones del GRP, pasó seis minutos ahí y nadie veló por la integridad de ella y también ha evaluado toda la carpeta investigativa y en ningún lugar de la carretera desde San Salvador y San Francisco Javier, no hay ningún retén policial que estuviese esperando a la patrulla”, explicó el fiscal Cruz, después de la audeincia.
Agregó que a criterio de la jueza, los agentes procesados actuaron en total complicidad con el expolicía prófugo, Castillo Arévalo.
Por su parte, el defensor de uno de los policías, Luis Servellón, dijo que la jueza ha hecho una “interpretación analógica”.
“Se imagina que el hecho sucede a las 12:00 de la noche, entonces quién recibe turno a las 4:00 de la mañana, ¿cómo podía tener conocimiento de lo que había pasado?”, dijo Servellón.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, la madrugada del 29 de noviembre de 2017, tras una fiesta de fin de año, Castillo Arévalo lesionó a la agente Ayala de un disparo en la cabeza, al interior de una patrulla, donde también iban los agentes Ovidio Antonio Pacheco Morales de indicativo “Búffer” y Wilfredo Deras Hernández, de indicativo “Gladiador”.
Todo ocurrió, supuestamente, cuando iban hacia Apopa, sobre el bulevar Constitución, pero la patrulla regresó a la sede del extinto GRP, en la calle a la colonia La Cima, de San Salvador, de donde fue hurtada por Castillo junto al cuerpo de Carla Ayala.
Castillo regresó la patrulla en la madrugada e intentó huir en un vehículo gris junto a su hermano y su cuñado; estos dos fueron capturados, pero él logró escapar.
El 7 de septiembre de 2018, la Fiscalía encontró huesos en una fosa clandestina en San Francisco Javier, Usulután, lugar natal de Castillo Arévalo y tres días más tarde, el Instituto de Medicina Legal confirmó que se trataban de las osamentas de la agente Carla Ayala.