Cinco de siete procesados de formar parte de una red de narcomenudeo que operaba en la Gran Manzana, de la colonia Zacamil y la zona comercial de Mejicanos, fueron absueltos del delito de tráfico ilícito de droga en la modalidad de concurso real por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, por falta de prueba en su contra.

Los absueltos fueron identificados como Juan José Medrano Salgado, Yolanda Deysi Rosales de Rodríguez, Rosana Patricia Zaldívar Mejía, Santiago Cornejo García y Ricardo José Hernández Hernández.

Sólo fueron condenado William Eduardo Rodríguez Gutiérrez a 23 años de prisión tras comprobársele los hechos atribuidos por Fiscalía y Ricardo Márquez Gámez, al que el tribunal le cambió el delito de tráfico ilícito por uno menor, tenencia y posesión de droga, y le impuso la pena de tres años de cárcel, reemplazándosela por trabajo de utilidad pública.

La investigación que tenía como objetivo dar con esta estructura implicó siete entregas controladas a través de agentes policiales encubiertos; es decir que ellos se hicieron pasar por clientes y fueron a comprarles droga a los acusados.
La valoración que hizo el juez del agente encubierto fue que en sus declaraciones en el juicio solo brindaron información periférica (no fundamental) que además no fue comprobada o corroborada con otras pruebas”, resumió el fiscal del caso.

Asimismo detalló que los demás testigos que rindieron sus declaraciones solo fueron referenciales y no directos.

Los investigadores después de cada procedimiento encubierto redactaban actas que las firmaban los participantes, pero 75 de esos documentos en la etapa instructora fueron anulados y Fiscalía no apeló ese rechazo, lo que influyó para perder el juicio.

El caso comenzó con un informante de la zona en 2018, quien de forma anónima alertó a la Policía Nacional Civil (PNC) del ilícito que se cometía en la colonia Zacamil.

Las autoridades realizaron las indagaciones previas de vigilancia y seguimiento en la zona para verificar la certeza de la alerta y a partir de ahí, agentes investigadores antinarcóticos y fiscales diseñaron el plan con la autorización judicial para proceder a su ejecución el 10 de septiembre de 2018.