El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador absolvió a Brenda Idalia Díaz Portillo acusada por la Fiscalía General de la República de estafa agravada, en perjuicio de su cuñada que estaba en los Estados Unidos, quien supuestamente le envió $180,000 para estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas, pero ella no le cumplió y el dinero lo utilizó en otras necesidades.
Según la Fiscalía, la imputada le pidió a su cuñada, en 2008, que le prestara dinero para financiar la carrera de abogacía y que al graduarse, se lo pagaría.

En 2014, seis años después de aquel trato, Brenda Idalia avisó a su cuñada que ya se había graduado de abogada, pero que quería más dinero para sacar el notariado y la supuesta víctima le financió un año más sus estudios.

Por otras fuentes, la cuñada se entera que Brenda Idalia no había estudiado Derecho, lo que hizo sintirse defraudada y le pidió que le pagara todo el dinero que le había dado y como se negó, la acusó penalmente de estafa agravada.

El fallo


El juez en su fallo concluyó que estaba demostrado que la cuñada había enviado dinero a Brenda Idalia, “pero desde ningún punto de vista se había establecido cuál era la finalidad de esos envíos”, afirmó el abogado defensor, Rolando Aparicio.

Además, estableció que era ilógico la cantidad de dinero que ellos ganaban (su hermano y su cuñada en Estados Unidos) con la suma que decían que le habían mandado a El Salvador.

En el proceso se estableció que la cuñada ganaba “$1,500 quincenales y el esposo $2,000 y ellos decían que le hacían envíos hasta por $7,000 al mes”, explicó el defensor.

Al analizar las cantidades de dinero que ellos ganaban en los Estados Unidos con las enviadas a El Salvador, no cuadraban, pues quedó establecido en el proceso judicial, que por la casa que los parientes de Brenda alquilaban en las Vegas Nevadas en Estados Unidos pagaban mensualmente $1,250, y sí a esa cantidad, se adicionan otros gastos de alimentación y transporte, la cifra enviada no calza.
A parte de que si le estaban ayudando a la chica para que estudiara en el país, no le iban a estar dando $5,000 o $7,000 mensuales, $3.000 que fueran para pagar la universidad”. Rolando Aparicio, defensor.

En ninguna carrera universitaria se podría haber gastado la suma que los supuestos ofendidos reclamaban, “de ahí que por la regla de la sana crítica, no pegaba ni el argumento ni los fundamentos, en tanto no existía ningún contrato ni de manera verbal para hacer valer el acuerdo de ambas partes”. “Por eso el juez dio un fallo de carácter absolutorio a favor de mi defendida”, detalló el defensor.