Al menos cinco agentes policiales de la Delegación de Santa Tecla son acusados de haber dejado en libertad a un sujeto que cometió un asesinato a cambio de recibir $300; este caso es parte de un proceso judicial contra 116 imputados que desarrolla el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador.
La Fiscalía cuenta con la versión de un imputado que a cambio de beneficios penales, ha ofrecido información que vincula a los agentes policiales en delitos “él refiere que en un lugar X , lo detuvieron, se lo llevaron, lo ficharon, luego salieron con él de las bartolinas y afuera él les pide que quiere negociar con ellos”, afirmó un abogado defensor quien no quiso identificarse.
En el relato, el testigo afirmó que la negociación con los policías era para que lo dejaran libre, entonces “le quitan las esposas, el imputado llama a unos howboys (pandilleros con jerarquía) para que lleven el dinero exigido y seguir con la negociación”.
Los howboys, llegan y entregan “$300” a los policías y así, dice el testigo recupera su libertad.
Los defensores restan toda credibilidad a la narrativa del testigo, y sostienen, que para creerle, también debería declarar el howboys que llevó el dinero a los policías y éste no ha aparecido.
“A este nivel del proceso, no ha declarado el sujeto que entregó el dinero, ni otras personas que estaban con el testigo, a la hora de su captura; al no tenerlas, no hay forma de saber de dónde apareció ese dinero, tampoco podemos establecer que estamos frente a determinado delito”, afirmó el abogado.
Dijo que con la versión del imputado, acogido a beneficios penales, no es suficiente para establecer el delito y la participación de los policías acusados, “y al no haberlo, se vuelve una acción atípica y eso significa que no constituye delito, por la forma en que están las investigaciones”.
Otro abogado dijo que para la defensa técnica “este proceso está débil”, porque Fiscalía solo tiene una versión y con eso “hemos pasado de la etapa de imposición de medida a dictamen de acusación en audiencia preliminar, que nada que ver con respecto a los hechos reales”.
Esta solo es una parte de los delitos que involucran a los 116 imputados para quienes hay diferentes acusaciones por delitos de homicidios, privaciones de libertad, cohechos o sobornos y agrupaciones ilícitas.
Los hechos por los que es juzgada la estructura ocurrieron entre 2016 y 2019 en diferentes zonas como Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán y San Luis Talpa; en esos sitios habrían sido asesinadas y enterradas unas 30 persona, sostiene Fiscalía.