Al finalizar la diligencia, el juez Samuel Lizama, admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República y señaló para el próximo 21 de noviembre la audiencia probatoria.
Mateo Marroquín, jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía, dijo que han reconfirmado la petición que se emita una condena por daños ambientales y se indemnice al Estado por un monto de $3 millones 972 mil 221.
“Tenemos prueba documental, peritajes y también tenemos testigos; la conciliación para nosotros no se puede dar, ellos en parte han aceptado el daño”, sostuvo Marroquín, al finalizar la audiencia.