La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador terminó la audiencia preparatoria en contra de Othón Sigfrido Reyes, su esposa Susi Rodríguez y el hijo de ambos, Damián Reyes Rodríguez, y admitió toda la prueba, a favor y en contra del grupo familiar, quienes son procesados por supuesto enriquecimiento ilícito de $472,714.
La Fiscalía General de la República informó que se admitieron todas las pruebas en contra del expresidente de la Asamblea Legislativo, quien también enfrenta un proceso penal por lavado de dinero.
La audiencia probatoria, la última del juicio por enriquecimiento ilícito, fue programada para el 4 y 5 de febrero del próximo año, a las 10:00 de la mañana.
Según la fiscalía, a la defensa la Cámara Segunda de lo Civil le rechazó 11 documentos y todos los puntos de pericia; sin embargo, a través de un comunicado de prensa, la defensa expuso que le fue admitida las pruebas suficientes.
Se ha admitido como prueba de descargo un informe de auditoría de parte de esta representación, en el que se estableció la inexistencia de enriquecimiento ilícito del exfuncionario y su familia, y que todos los pagos de viáticos que recibió por parte de la Asamblea Legislativa estuvieron apegados a la ley, constituyendo un avance importante para el esclarecimiento de los hechos". Comunicado de la defensa de la familia Reyes-Rodríguez.
La defensa sostiene que les admitieron 500 pruebas documentales:
- Auditorías
- Constancias
- Acuerdos
- Estados de cuenta
- Certificaciones
- Escrituras públicas
- Documentos privados
Y que con ellos pretenden confirmar la legalidad del origen del dinero de Sigfrido Reyes y su familia.
El juicio por enriquecimiento ilícito inició el pasado 28 de octubre, en donde la Fiscalía imputa a Reyes no justificar unos $459,714 mientras que a su esposa e hijo, unos $13,000.
El proceso.
Al exdiputado Reyes, Probidad le detectó al inicio 47 irregularidades por una cantidad de $1,357,579.03; entre esas anomalías se señalaron cuatro relacionadas a depósitos bancarios y adquisición de vehículos por $67,893.01, las 40 irregularidades restantes están vinculadas también a depósitos y retiros, vehículos, inversiones y pagos de deudas por una cifra de $1,249,186.69 .
Sin embargo, el 30 de julio del 2019, la Corte Suprema de Justicia remitió el proceso a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por una cifra menor para que se iniciara el juicio civil.
Este proceso inició invocándo la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, vigente desde el año 1959, la cual establece un régimen sancionatorio de multas y restituir al Estado lo que se ha adquirido indebidamente.
El artículo 20 de la normativa señala que cuando la sentencia sea condenatoria, los responsables serán sancionados a restituir al Estado lo que hubieren adquirido ilícitamente, además quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años.