El plazo de instrucción vence el 26 de enero de 2019. / DEM


El juez sexto de instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, accedió a prorrogar por seis meses más la etapa de investigación (instrucción) del caso por la desaparición de la agente policial, Carla Mayarí Ayala Palacios.

“Teniendo en cuenta que estamos ante un caso de complejidad notoria que existen pericias pendientes y a fin de robustecer la investigación, tanto de cargo o descargo, por lo tanto se resuelve la ampliación del plazo”, dice la resolución del juez.

La ampliación fue hecha a petición de la Fiscalía General de la República, quien argumentó al juzgador que necesitan más tiempo y le han señalado la poca colaboración de los exmiembros del Grupo de Reacción Policial (GRP), grupo élite policial que estuvo involucrado en el hecho.

La Fiscalía dice que ante esta falta de colaboración de los agentes, han recurrido a extraer información de teléfonos celulares y bitácoras de llamadas y el análisis de las mismas, diligencias que consumen tiempo.

La agente Carla Ayala desapareció el 29 de diciembre en la madrugada, luego que fuera acompañada de tres miembros del GRP, uno de ellos el expolicía Juan Josué Castillo Arévalo, a quien la Fiscalía acusa de privación de libertad y el feminicidio de la agente.

Supuestamente, Castillo Arévalo le disparó al interior de la patrulla y después desapareció el cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han localizado el cuerpo de la agente.

En el Juzgado Sexto de Instrucción son procesados los agentes Ovidio Antonio Pacheco Morales, Wilfredo Deras Hernández, Juan Antonio Linares y Josué Antonio Pérez Pineda, por el delito de incumplimiento de deberes.

También dos familiares del exagente Castillo: José Atilio Jiménez y Joel Isaac Castillo Arévalo, acusados de encubrimiento.

La Fiscalía acusó a más miembros del extinto GRP por feminicidio en el Juzgado Octavo de Paz, pero éste cambió el delito a homicidio.

Cuando el caso llegó al Juzgado Octavo de Instrucción, el juez regresó la tipificación a feminicidio y se declaró incompetente; con eso, el caso pasó al Juzgado Especializado de Instrucción contra la Violencia de la Mujer y tiene reserva total.