Florinda Recinos compró microbuses con dinero de la pandilla, según la Fiscalía. / DEM
La detención provisional decretada a la empresaria de transporte público de Ilopango, Florinda Recinos Blommaert, por el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador, fue apelada por su defensa.
En el escrito presentado por el abogado de la imputada, en la Cámara Especializada, argumenta que la jueza Lucila Fuentes no fundamentó su resolución al finalizar la audiencia de imposición de medidas.
El abogado Miguel Flores Durel señala que hay “inobservancia” del artículo 329, numeral 1 del Código Procesal Penal, lo cual origina un vicio de falta de fundamentación de la detención decretada en cuanto al requisito de apariencia de buen derecho (juicio de valor de la jueza).
El numeral 1 del artículo citado establece que para decretar la detención provisional deben existir elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, la existencia de un delito y la probabilidad de participación de un imputado.
“Se espera que la cámara competente constate la ausencia de fundamentación del peligro de la demora procesal (riesgo de fuga y riesgo de obstaculización de investigación) y en consecuencia revoque la medida cautelar de detención, ordenando en su lugar una forma alternativa de vincular a mi defendida con el presente proceso”, expone Flores Durel en el recurso de apelación.
El abogado le pide a los magistrados de la Cámara Especializada que reconozca los vicios que, según él, existen en la resolución de detención impuesta a la empresaria, señalada por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero y organizaciones terroristas en la audiencia que se realizó el pasado 19 de febrero.
Recinos fue capturada el 15 de febrero en la Operación Cuscatlán, donde la PNC detuvo administradores de negocios que pertenecían a la pandilla MS-13 y que permitían dinero ilícito.