La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alertó, esta tarde, sobre el bloqueo que el juez Cuarto de Instrucción, Rigoberto Chicas, mantiene a periodistas en la audiencia preliminar en contra del expresidente de la república, Elías Antonio Saca y al menos seis personas más.
Desde la semana pasada que la audiencia preliminar se instaló el juez no permitió el acceso a periodistas para escuchar el desarrollo de la audiencia a pesar que el proceso no tiene ninguna reserva; el juez, a través de la secretaria del juzgado, se ha basado en que la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos tiene un artículo que prohíbe publicitar el caso. En otros proceso de lavado de dinero, los jueces no han puesto reserva.
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Al consultar a las partes sobre la restricción dijeron que no están de acuerdo y que a ellos el juez no les ha notificado de ninguna reserva, incluso los defensores dijeron sentirse molestos, porque el juez les quita sus teléfonos celulares durante la audiencia.
Después de conocer la denuncia de periodistas que cubren el Órgano Judicial, #APES emite alerta por restricción al ejercicio periodístico y la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores relacionados a la Información prepara pronunciamiento.https://t.co/Kk5SkzQTsV
— APES (@apeselsalvador) 25 de abril de 2018
"Según la denuncia de periodistas de varios medios de comunicación, el proceso no tiene reserva por lo que la restricción a la prensa es una acto arbitrario del juzgador", señaló la Asociación de Periodistas de El Salvador en una publicación en su sitio web.
Este caso fue judicializado por la Fiscalía General de la República, el 31 de octubre del año 2016, y en esa fecha acusó a los procesados de haber lavado $246 millones, pero ese monto se incrementó en $56 millones más con el peritaje realizado.
La UIF señala en el dictamen de acusación que el expresidente Saca tuvo, supuestamente, la ayuda de seis de sus colaboradores para desviar $300 millones desde una cuenta subsidiaria de la Presidencia hacia 14 cuentas a nombre de Élmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para después transferirlos a sus empresas.
De los $300 millones que salieron de la cuenta subsidiaria de Casa Presidencial, $116 millones se cobraron en efectivo, configurándose así el peculado (apropiarse de bienes del Estado).
