A criterio de la organización, la iniciativa de ley es para darle cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 13 de julio determinó la existencia del desplazamiento forzado en el país y amparó una familia que fue expulsada por pandilleros de su lugar de residencia.
Según Abraham Ábrego, coordinador de litigios de Cristosal, el tema requiere un desarrollo especial legislativo porque tiene “connotaciones diferentes a otro tipo de víctimas”, porque requiere de ayuda humanitaria y acciones concretas para resolver el problema del desplazamiento.
“El objetivo de la propuesta de nosotros es que, como no hay un marco legal, establecer los derechos que tienen las personas, las víctimas de desplazamiento; las obligaciones que tiene el Estado y generar un mínimo de institucionalidad para responder a la problemática del desplazamiento”, dijo Ábrego a Diario El Mundo.
En su sentencia, la Sala de lo Constitucional dio un plazo de seis meses para que la Asamblea Legislativa desarrollara una ley que lleve el reconocimiento del fenómeno y la atención a víctimas.
Además, ordenó al Estado recuperar los territorios y reubicar a las víctimas que han sido expulsadas de sus lugares de residencia, es decir, el tejido social.
Según Ábrego, la propuesta plantea los derechos de las víctimas y las obligaciones para diferentes instancias del Estado: municipalidades, Ministerios de Seguridad, Salud, Educación, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia.
El anteproyecto también plantea la creación de una comisión interinstitucional que será la encargada de elaborar una política de protección a víctimas: “La clave es tener una política que articule los diferentes roles que tienen las instituciones en las diferentes fases de desplazamiento, desde la protección, la emergencia, la protección más a corto plazo, la búsqueda de la solución duradera; todas esas fases de desplazamiento”.
Los diputados deberán estudiar la creación de la unidad de soluciones duraderas que buscaría un reasentamiento de las familias desplazadas y una unidad de registro e información sobre las víctimas.
“El registro permitirá tanto la identificación de las personas beneficiarias, como el seguimiento de la respuesta ofrecida por el Estado y otras entidades de apoyo, bajo un irrestricto manejo del principio de confidencialidad”, dice un primer borrador de la ley.
Anteproyecto GOES
La semana pasada, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia socializó un anteproyecto de ley de atención a víctimas que, según Cristosal, es un marco normativo más general pero complementario al anteproyecto que ellos presentarán hoy en el seno de la Asamblea.
“Creemos que es complementario lo que está planteando el gobierno, en el sentido que es un sistema de protección a víctimas en general; entonces, lo que hace es que institucionaliza la dirección a víctimas que ahorita solo está por decreto ejecutivo”, explicó Ábrego, ayer.
El anteproyecto también busca activar la participación comunitaria a partir de las Oficinas Locales de Atención a Víctimas (Olav).
Anteproyecto de ley
Cumplimiento
El primer aspecto del anteproyecto es cumplir la orden de la Sala de lo Constitucional de legislar sobre la protección de víctimas de desplazamiento forzado, además del reconocimiento del fenómeno por el Estado.
Subdirección
Aunque el anteproyecto mantiene la institucionalidad actual, plantea la creación de una subdirección de atención a víctimas de desplazamiento, bajo el liderazgo de la dirección de víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Salud y educación
Entre las instituciones más importantes a las que delega roles este anteproyecto de ley es al Minsal y Mined, para velar por el cumplimiento de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado.
Municipalidades
El anteproyecto tiene un componente comunitario y serían las municipalidades las encargadas de velar, en primer instancia, por la protección de las víctimas, en coordinación con las Oficinas de Atención a Víctimas (Olav), actuales.