Por cuarta vez, el Juzgado Segundo de Instrucción suspendió ayer, la audiencia preliminar en contra del coronel Sigifredo Ochoa Pérez acusado de peculado por un monto de $41,040, un delito que supuestamente cometió cuando se desempeñaba, como embajador en Honduras.

El motivo de la suspensión esta vez fue porque su recién nombrado abogado defensor notificó que se encontraba con síntomas de covid-19, y en esas circunstancias consideró prudente abstenerse de asistir a la diligencia, por lo que fue reprogramada para el 20 de septiembre.

Junto al coronel Ochoa Pérez es procesado Walter Alfredo Anaya, exministro consejero, y Soledad Funes de Ramírez, de nacionalidad hondureña, por complicidad necesaria en el delito de peculado.

Esta diligencia se suspende desde el 19 de mayo, cuando su abogado renunció a ejercer su defensa, tras negarse a que sus honorarios fueran pagados hasta después de la audiencia tal y como se lo propuso su cliente.

La diligencia fue aplazada para el 5 de julio, pero en esa ocasión, el coronel Ochoa Pérez alegó que aún no había podido nombrar a su defensor y no quería que se le asignara uno, público de la Procuraduría General de la República.

La tercera vez fue el 14 de julio y de nuevo la diligencia se suspendió, no por falta de abogado sino porque éste recién había sido nombrado y requería tomarse un tiempo para analizar el proceso; la jueza le dio un mes para que se documentara.

La acusación


Fiscalía sostiene que en 2005, el exembajador suscribió dos contratos de arrendamiento para establecer la sede diplomática de El Salvador en Honduras; en el primero se pagó $2,200 mensuales que era el precio original y el segundo por $3,000.

En este segundo contrato quedaba un excedente de $800, que aparentemente se apropió Ochoa Pérez y luego de su retiro, ese dinero, lo siguió cobrando el ministro consejero, Walter Anaya Escalante, también procesado pero en su ausencia.

El militar que fue nombrado embajador de El Salvador en Honduras entre 2005 y 2009 en la administración del expresidente, Elías Antonio Saca, ha negado los cargos que Fiscalía le atribuye, él ha manifestado que “nunca se ha apropiado de ningún centavo que no le pertenece y la acusación la calificó en su momento, como “una persecución política de parte del excanciller efemelenista, Hugo Martínez”.

Las investigaciones de la Fiscalía establecen que el coronel Ochoa se habría apropiado de $41,040, mientras que Anaya de $59,000; esta última cantidad la siguió obteniendo hasta mayo de 2015. El monto total apropiado fue de $107,920, fondos que provenían del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.