La diligencia fue suspendida a petición de la Fiscalía General de la República, porqueno se ha incorporado al expediente judicial, el acta de reconstrucción de los hechos, que se hizo el 15 de abril y tampoco el albúm de esa diligencia.
Según la fiscal en esa diligencia se recabaron elementos probatorios que deben vertirce en la audiencia preliminar, por tal motivo, se reprogramó para el 17 de diciembre al mediodía.
Para la fiscal del caso, los hechos del 31 de enero se enmarcan en un hecho de intolerancia.
“Nosotros estamos solicitando que el caso pase a la siguiente etapa procesal con toda la prueba que Fiscalía ha recabado hasta el momento, que es bastante amplia”, detalló la fiscal.
La fiscal del caso afirmó que los vídeos son una de las principales pruebas contra los acusados, pues a su juicio “son bien claros en manifestar las acciones que ambos procesados realizaron el día de los hechos”.
“Para nosotros los vídeos, más la otra prueba pericial que tenemos, es más que suficiente para establecer la participación delincuencial de los imputados”, reiteró la fiscal.
Por su parte la defensa técnica de los imputados es optimista, porque a su juicio no existen elementos probatorios que incriminen a uno de los imputados que no quiso identificar, sin embargo, detalló que los vídeos presentados por Fiscalía, muestra que su cliente no tenía armas a la hora de los hechos.
“No se le encontró arma de fuego que incrimine a mi defendido, ni se ha demostrado que hubo un plan orquestado para asesinar a las dos personas. Al momento que se baja, mi cliente hace un gesto de tocarse la camisa que llevaba por fuera y eso es mal interpretado como que se va a sacar una arma, pero eso no es así”, afirmó al abogado Alejandro Portillo.
En el incidente, fue lesionado el agente PPI, Diego Francisco Alvarado Peña, quien 25 días después del hecho, murió en un hospital del Seguro Social, por dos lesiones sufridas con dos tipos de armas diferentes que hasta la fecha se desconoce quién las disparó.