La defensa de Reyes ha dicho que este caso podría debilitarse, debido a una revisión en el proceso de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la República presentó en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, el dictamen de acusación contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y otros 13 imputados procesados por lavado de $5.6 millones.
La cifra del delito contra los 14 imputados luego de la investigación y la seis pericias financieras contables se redujo en $900,000, si se compara las diligencias iniciales que la Fiscalía realizó en torno al caso, en que se dijo que la suma supuestamente lavada era de $6.5 millones. De esa cantidad, $ 472,000 fueron atribuidos al exdiputado Reyes Morales y $660,000 a su esposa, Susy Melba Guadalupe Rodríguez Hernández. El dinero lavado tenía su origen en los delitos de peculado y estafa agravada, cometidos entre los años 2006 y 2019, cuando Reyes Morales fungió como presidente de la Asamblea Legislativa.
Pero además, los imputados ocasionaron un perjuicio económico de $390,000 al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) al supuestamente convencer “con engaño y ardid” a la junta directiva del Instituto a vender algunos terrenos ubicados en Nuevo Cuscatlán a un precio inferior del real por la suma de $440,000, “cuando el precio real debió ser aproximadamente $800,000”. De acuerdo con la investigación, Reyes Morales y su supuesta estructura, se ingeniaron un plan criminal con la creación de las sociedades Terrein S.A. de C.V., Eko Lime S.A. de C.V. y Lubbex S.A. de C.V., constituidas entre 2011 y 2015 con el único fin de dar apariencia de legalidad a los fondos que obtuvo.
Según Fiscalía, Reyes Morales sustrajo de la Asamblea Legislativa los viáticos para colocarlos en inversiones (compra de bienes e inmuebles), productos financieros (seis cuentas de ahorro y una corriente) y pagar tarjetas de crédito. Por eso el exdiputado Othon Sigfrido Reyes Morales es procesado por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos; estafa agravada, mientras los 13 restantes por e incumplimiento de deberes, falsedad documental y casos especiales de lavado de dinero.
Además es procesado su hermano Earle Reyes Morales (para quien hay orden de captura internacional), su exasesor y ex socio, Byron Enrique Larrazábal, además tres exempleados de la Corte de Cuentas: Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Yanira Ruiz, tres empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA): el gerente general, René Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vega Jiménez y Jenny Medina.
Todos los acusados se encuentran en libertad condicional, cumpliendo medidas alternas a la prisión, excepto el hermano del exdiputado Reyes Morales, Earle Reyes.
Como prueba para sustentar el caso en juicio, Fiscalía afirmó tener 4,713 elementos de prueba, seis pericias y 115 testigos.