La defensa de Héctor Silva planteó desde el inicio que el proceso era ilegal. / DEM
La Cámara de lo Penal de Santa Tecla declaró nulo el proceso penal por calumnia y difamación en contra del periodista Héctor Silva, iniciado por el empresario Enrique Rais hace tres años.
Según el abogado de Silva, Arnau Baulenas, en mayo del año pasado luego que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla anulara el proceso, los abogados de Enrique Rais presentaron una apelación, esa es la resuelta por la cámara.
“Otra victoria para el periodismo, yo creo que ya es tiempo de alzarnos todos y que es suficiente que aquellas personas con poder económico, incluso Enrique Rais es señalado de formar parte del crimen organizado con conexiones judiciales, intenten intimidar o evitar que el periodismo pueda ejercer de forma libre”, dijo ayer Baulenas a este medio.
El 18 de marzo de 2016, la revista digital Factum, que dirige Silva Ávalos, publicó el artículo titulado “Se deshace el castillo de naipes”, un mes más tarde, Rais lo demandó por calumnia y difamación y exigió una indemnización de medio millón de dólares.
La demanda se basa en una publicación en el medio digital Factum, que dirige Silva, titulada “Se deshace el castillo de naipes”, en la que cita “dos fuentes cercanas al despacho” del fiscal Douglas Meléndez”, y asegura que “Rais envió emisarios al funcionario recién electo para ofrecer tratos similares a los que tenía con Martínez. Hasta ahora, según esas fuentes, Meléndez no ha recibido a los mensajeros”.
El proceso fue anulado porque, según la Ley Especial de Rectificación y Respuesta, el empresario Rais tuvo que pedir una rectificación a la revista dirigida por Silva Ávalos, si estaba inconforme, y no iniciar un proceso penal.
La ley especial da un plazo de 15 días para que el ofendido pueda iniciar un proceso de rectificación, si no se hace en ese plazo, prescribe el ejercicio del derecho, según el artículo 10 de la referida ley.
Enrique Rais es prófugo de la justicia por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo (sobornos) desde enero del 2017, y recientemente fue acusado por un nuevo caso de cohecho activo, por entregar dádivas al exfiscal Luis Martínez. Por el primer caso, un juez declaró las actuaciones del empresario y del exfiscal Martínez como crimen organizado.