Contaminación río Grande. Archivo DEM
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla ordenó al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, realizar un plan de restauración ambiental del río Grande de San Miguel.
El tribunal ha otorgado dos meses de plazo al titular de Medio Ambiente para que la elaboración del documento para resolver el problema de contaminación en el referido río.
Esta resolución se produce luego que en julio pasado, la Cámara Ambiental junto al equipo técnico de la Unidad Ambiental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), constataran la problemática de desechos sólidos tras visitar diferentes zonas, municipios, caseríos y comunidades de algunos municipios de Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión, que recorre el río Grande.
Según la Cámara, el informe presentado por la Unidad Ambiental de la CSJ determinó que en las diferentes zonas que recorre el río hay "una afectación directa en suelo, agua, aire, biodiversidad, paisaje y calidad de vida", además de revelar que el área natural protegida declarada Manglar Bahía de Jiquilisco recibe desechos sólidos peligrosos y mala calidad de agua, lo cual afecta la biodiversidad.
Asimismo detectaron "acumulación descomunal de desechos sólidos en su mayoría plásticos dispuestos a cielo abierto, que el agua es de color café con sedimentos, desechos flotantes, en suspensión y alta turbidez, olor pútrido y que los lugareños pescan el agua del mismo cause del río Grande de San Miguel para su auto consumo".
Ante esta situación, la Cámara también ha solicitado un informe a la ministra de Salud, Ana Orellana, sobre las condiciones de saneamiento básico en las comunidades que se ubican en el cantón Salinas de Usulután.
Además, ordena al ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez, ejecutar obras en la zona de la comunidad El Encantado, en Puerto Parada, Usulután; para posibilitar la entrada y salida de camiones.
Mientras que al presidente de ANDA, Frederick Benítez, le pide un informe sobre el sistema de alcantarillado del área urbana de los municipios que se ubican en la cuenca del río Grande, en el que se incluya el tratamiento de las aguas residuales en la zona.
Los funcionarios de gobierno deberán presentarse a una audiencia que la Cámara ha convocado para el próximo 9 de enero de 2020 en el Centro Judicial de San Miguel.