La presa El Chaparral está ubicada en San Luis La Reina, al norte de San Miguel.
La jueza novena de instrucción, Nora Montoya, explicó que es necesario el peritaje financiero contable de los bienes de la empresa italiana, Astaldi, para ordenar el embargo a estos, según el criterio de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
“Como los bienes están en Italia, no tenemos forma de ubicar los inmuebles, los vehículos o como si fuera en El Salvador que a través del Registro Público Automotor o Centro Nacional de Registros se puede hacer. Por eso, la Cámara me dice que esperemos el peritaje para saber los montos para tener garantía que esos bienes existen”, explicó ayer la jueza.
El 26 de febrero, el presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, denunció que la Cámara Tercera de lo Penal, de San Salvador, había rechazado la petición de los abogados de la autónoma, de ordenar la ejecución de un embargo de $228 millones en los bienes de Astaldi.
El juzgado Noveno de Instrucción, de San Salvador, negó que la Cámara Tercera de lo Penal rechazara el embargo de la empresa italiana, cuyos representantes están acusados de lavado de dinero y activos en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, durante el gobierno de Mauricio Funes.
Además del expresidente Funes en este caso son procesados, el expresidente de CEL José Leopoldo Samour, al italiano Mario Federico Pierasgostine, el empresario José Miguel Menéndez, Ada Michael Guzmán Sigüenza y José Efraín Quinteros. A ellos se les acusa de peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho propio (soborno).
“Como los bienes están en Italia, no tenemos forma de ubicar los inmuebles, los vehículos, como si fuera en El Salvador”. Nora Montoya, jueza novena de instrucción
El peritaje.
El Juzgado Noveno de Instrucción decretó embargo a los bienes de Astaldi, el 28 de septiembre del 2020 a petición de la querella conformada por los abogados de CEL, como medida preventiva, pero la defensa apeló ante la Cámara Tercera de lo Penal y esta le dio la razón, tras alegar que no se tenía el resultado del peritaje “para valorar si procede la medida”.
Son cuatro peritajes que iniciaron en diferentes fechas desde septiembre de 2019, que buscan determinar el contenido patrimonial de cada imputado y las sociedades, además que explicarían cómo salió el dinero, cómo se distribuyó y a qué personas fue entregado.
“El proceso está repartido en varios juzgados y todos estamos haciendo lo mismo. Nos han puesto a trabajar a más de un juez con lo mismo”, explicó la jueza.
El proceso es voluminoso son mil, a eso se suma que los plazos de instrucción están excedidos.
Los peritos llevan más seis meses y la jueza Nora Montoya les autorizó cuatro meses más para completar la pericia financiera contable a los bienes de Astaldí, de modo que, para cumplir con lo dictado por la Cámara, “todavía no se ha llegado el tiempo, sino hasta el 19 de mayo”, explicó la jueza Nora Montoya.
Montoya explicó que uno de los inconvenientes que se ha tenido en el desarrollo de la pericia es la pandemia, ya que algunos peritos se enfermaron de covid-19.
Ante ese retraso, los querellantes presentaron un escrito a la Cámara en el que se quejaron de que han pasado varios meses y que la jueza Noveno de Instrucción no ha resuelto. “L a Cámara Tercera de lo Penal me dice que si se cumplen los parámetros o si se tiene el peritaje, que vuelva emitir (el embargo) pero si no se tiene, que no lo haga porque volvería a ser anulado”, sostiene la jueza.