“El imputado tiene derecho a no ser presentado públicamente en condiciones que vulneren sus derechos fundamentales y a que no se empleen contra él, medios que afecten su dignidad”, señala Fusades.
El tanque de pensamiento explica que no se trata que la Policía o la Fiscalía General de la República no deban informar de los actos de los imputados, sino que, debe hacerse de un modo apropiado; además, no pueden medir sus resultados por el impacto mediático de las presentaciones de los detenidos, sino por las condenas que logren.
También recuerdan el artículo 12 de la Constitución que establece que toda persona a quien se le impute un delito es inocente, hasta que se pruebe su culpabilidad; por ello, aseguran que “la presunción de inocencia impone al Estado la obligación de tratar a los imputados por delitos, como inocentes desde el inicio hasta el final del proceso penal”.