El presidente de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, informó esta tarde que la Cámara Tercera de lo Penal rechazó la petición que hicieron de ejecutar un embargo de bienes en Italia, contra la empresa Astaldi por más de $228 millones, alegando retardación de justifica en los trámites.

En respuesta a esa decisión, el presidente de CEL presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, a fin de revocar esa decisión.

El representante de la empresa italiana Astaldi SPA, en El Salvador, es procesado por actos de corrupción junto al expresidente de la República, Mauricio Funes, en la construcción del proyecto “Hidroeléctrico El Chaparral”.

Las supuestas irregularidades fueron detectadas en la última resolución notificada el jueves, por los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal que conocieron una petición que la querella de CEL presentó, a fin que ellos mismos ejecutaran la resolución que pronunciaron con fecha 26 de octubre del 2020.

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La petición de los acusadores particulares establecía que el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador fundamentara, de mejor manera, el embargo decretado contra la empresa italiana, que asciende a $228 millones.

El tribunal superior negó la petición de ejecución de embargo en bienes en Italia tras argumentar “denuncia por retardación de justicia”, al no haberse alegado la denuncia por demora en el trámite.
Esta ha sido una actuación express, tomando en cuenta que, generalmente el promedio de los tribunales de segunda instancia como este, se tardan aproximadamente entre 6 y 8 meses. Sin embargo, en este caso que involucra al expresidente Mauricio Funes y la empresa ASTALDI, extrañamente los magistrados se tardaron únicamente 3 días (en ambas resoluciones), rechazando nuestra petición para que se ejecute el millonario embargo”. David Álvarez, presidente de CEL.

Álvarez afirmó que los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal vulneraron el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y “consecuentemente, también vulneraron el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”.
En términos sencillos, han limitado a toda costa a CEL para recuperar el dinero que los gobiernos anteriores le robaron a los salvadoreños en este señalado proyecto hidroeléctrico”. David Álvarez, presidente de CEL.

“En ese sentido buscamos judicialmente embargar $228 millones a la empresa ASTALDI, de los cuales $63 millones corresponden al excedente por el arreglo directo con ASTALDI, $111 millones equivalente a lo que se dejó de generar desde 2012 a la fecha en el proyecto y $54 millones en concepto de pago de intereses por los préstamos que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), otorgó para la construcción del proyecto”, concluyó el presidente de Cel.