El empresario hotelero José Adán Salazar Umaña, conocido como "Chepe Diablo" es uno de los cinco procesados por lavado de dinero y activos en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y según la investigación fiscal adquirió un terreno en La Libertad valorado en $475,000, supuestamente, en nombre de la Sociedad Servicios Turísticos S.A de C.V. que según la pericia financiera contable con la plusvalía ascendía a los $533,000 y que no declaró al Ministerio de Hacienda como parte de su patrimonio.
El inmueble es adquirido por una señora fundadora de otra sociedad quien lo tiene por un tiempo; luego lo vende a Servicios Turísticos y ésta se lo da en pago a su socio fundador José Adán porque le debía dinero y se lo da en pago”, explicó el fiscal.

Los peritos en el estudio financiero contable ubican dos cheques que se emiten el 4 de octubre de 2004 a nombre de la vendedora y otro a nombre de José Adán; transacciones en las que no se identificó el origen de los fondos para la compra, ni quedó el rastro de ese movimiento de dinero.
En estos casos, las operaciones se dan entre personas relacionadas y al final al verificar toda la operación se ha identificado a nombre de la sociedad Servicios Turísticos, que tuvo ingresos no declarados como incremento patrimonial no declarado de $533,000 ”, aclaró el fiscal.

“En la pericia se estableció que habían ingresos no declarados los cuales son considerados incremento patrimonial no justificable y que constituyen renta gravable, que ascienden a más de $100,000 por pagar”, sostuvo el fiscal.

Por la forma en que se dan estas operaciones son consideradas inusuales porque se tratan de simular transacciones legales dando la apariencia de que provienen de una sociedad legalmente constituida, pero al ver la ubicación del inmueble en cuestión, resulta que tiene la misma dirección de Hotesa o de Hoteles Salvadoreños de la que es socio mayoritario José Adán Salazar Umaña.

El abogado defensor, Gerardo Cisneros, tiene su propia versión en la compra de este inmueble. Dice que su defendido José Adán Salazar Umaña y su hijo José Adán Salazar Martínez adquirieron ese terreno en playa del Obispo; La Libertad y que está documentado que una señora le compró un terreno a una empresa ferretera donde se ubica el hotel Pacific Sunrise, que ahora es parte de la cadena hotelera de Salazar Umaña.
“Ellos (padre e hijo) por razones estratégicas y de comercio, José Adán vende el hotel Pacific a Hotesa, que es dueña de los siete hoteles y ésta capitaliza su deuda, lo que implica que en vez de pagar dinero en efectivo por la compra del Pacific Sunrise, Hotesa le da acciones a José Adán Salazar Umaña y la Fiscalía eso lo califica mal, siempre lo hemos dicho que la capitalización de deuda es válida y es legal”. Gerardo Cisneros, abogado defensor.

Agregó que está documentado de donde se financió el dinero que la señora inicialmente necesitó para comprar la propiedad del hotel y luego la vendió a Servicios Turísticos para demostrar que el inmueble no proviene de fuentes extrañas.
Que la Fiscalía no haya encontrado la escritura de compra venta de esta señora, eso ya es otro asunto, ella vendió el terreno y eso no es sujeto de esta investigación, tampoco ella está señalada ni imputada por ningún ilícito, le han querido buscar alguna implicación, pero no le han encontrado ninguna relación extraña e inusual con las relaciones comerciales, la señora también es empresaria”, afirmó Cisneros.

En la jornada de ayer, el perito se refirió a las sociedades que se formaron en 2016 como alternativa cuando le fueron cerradas la cuentas bancarias a José Adán, Juan Umaña, Wilfredo Guerra y los demás imputados tras ser vinculados a los delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.
“Los peritos ratifican la información proporcionada por los empleados que declararon a inicio del juicio su relación al conglomerado, en el sentido de que se crearon sociedades en 2016 para superar el sistema financiero pero la pericia confirma que son sociedades vinculadas a José Adán Salazar Umaña, Juan Umaña, Wilfredo Guerra”, afirmó un fiscal.

Agregó que la creación de las diferentes sociedades, hizo por unos meses sostener la actividad de Gumarsal, pero posteriormente esas acciones fueron vendidas a sociedades creadas en Panamá.
Esas sociedades adquirieron la totalidad de las acciones y que los beneficiarios finales terminaron siendo las personas o accionistas relacionados con el conglomerado”, sostuvo el fiscal.

El fiscal afirmó que las sociedades que surgieron en alternativa a Gumarsal no tenían ni el capital suscrito en su totalidad para operar ni las ganancias que por medio de ellas se hizo la declaración o venta de la sociedad Gumarsal y se limitó hacer referencia contable sin seguir los procedimientos jurídicos en las instituciones como el Ministerio de Hacienda y el registro de las sociedades mercantiles en el que consta que ellas recibían todos los bienes o inventarios.

Una de esas sociedades fue Salazar Espinoza S.A de C.V., en la que José Adán Salazar Umaña tenía participación accionaria pero no era el representante legal, la cual solo tuvo actividad en 2011 por $39,000, afirmó el defensor.
La misma pericia ha determinado que importaron bombas de gasolina por $34,000 que era el giro de la sociedad, se internaron al país legalmente y tuvieron una ganancia de $39,000 en un año y se pagó la renta y el IVA”.

Otras de las sociedades fue Empaques Salvadoreños S.A. de C.V y Salvadoreña de Alimentos S.A. de C.V.