La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) incluyó entre sus 43 recomendaciones al Estado salvadoreño, ordenar y entregar los documentos militares a las víctimas, autoridades judiciales y a la sociedad misma, para avanzar en el conocimiento de la verdad de los crímenes de guerra.

Asimismo, la CIDH recomienda que se reconstruyan los archivos que hayan sido destruidos “o los documentos que no se produjeron cuando legalmente debía producirse”.

“La CIDH recuerda que en distintas decisiones, la Comisión y la Corte Interamericana han establecido que la excepción de seguridad nacional no puede oponerse por los organismos presuntamente involucrados en una violación de derechos humanos como razón para mantener en reserva, documentos necesarios para esclarecer estas violaciones”, dice el documento revelado ayer.

Los comisionados instan a la comunidad internacional a financiar estas acciones y dar asistencia técnica, para identificar, ordenar y gestionar los documentos en posesión de organismos nacionales e internacionales “que coadyuven al restablecimiento de la verdad, memoria, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado”.



Al respecto, la Comisión dice que les llama la atención las solicitudes de apertura de archivos que víctimas del conflicto bélico salvadoreño han hecho a la Secretaría General de las Naciones Unidas, quien posee los documentos de la Comisión de la Verdad, y que al momento no han sido entregados.

“Según información recibida, la falta de acceso se relacionaría con aspectos financieros y la necesidad de sistematizar esos archivos, desafíos que la CIDH confía que pueden ser atendidos y superados”, dice la Comisión.

La CIDH inició su visita “in loco” el pasado 2 de diciembre y duró tres días; en ese tiempo se reunió con el Gobierno, víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y visitó cárceles para conocer y evaluar su situación.
El informe preliminar también insta al Estado a cumplir obligaciones internacionales en tema de justicia transicional y que escuche a las víctimas.

También urge a fortalecer el sistema de justicia y crear juzgados especializados como una estrategia para investigar y juzgar los crímenes de guerra, especialmente, donde las víctimas son personas de muy avanzada edad.

Agrega que se debe elaborar una ley que regule las exhumaciones hechas en las investigaciones de las desapariciones forzadas y urge que el Estado ratifique la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas.