El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador encontró culpable de cinco casos de soborno y un caso de tráfico de influencia, al abogado Víctor Manuel Melgar González, apodado “Pitinga” y le impuso la pena de 33 años de prisión.

Por cada caso de soborno, el Tribunal le impuso la pena de seis años de prisión y tres años más por el caso de tráfico de influencia en el que se vinculó al expresidente Elías Antonio Saca González.
El principal fundamento fue la entrega de dádivas a empleados del Juzgado San Francisco Menéndez, Ahuachapán, a efecto de que los empleados realizaran actos contrarios a sus funciones”, interpretó una de las dos fiscales del caso.

“Respeto la resolución del Tribunal, pero esta defensa no la comparte, porque por los cinco casos de cohechos activos que se condenó, son actos que no tienen la relevancia ni la trascendencia para llevar a condena de seis y diez años por cada hecho y la vamos apelar ante un tribunal superior”, afirmó el defensor Samuel Merino.

Según el fallo judicial, en el caso de tráfico de influencia, Melgar González en 2016 ofreció $10,000 a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil a cambio de que le informara sobre el proceso civil en contra de su exsecretario privado, Élmer Charlaix.

Melgar González no asistió a escuchar el fallo judicial en su contra, razón por la cual el Tribunal Primero de Sentencia giró una orden de detención.

Su abogado, Samuel Merino, lo excusó ante el Tribunal que desde el viernes anterior sufrió un quebranto de salud que se ha prolongado hasta ayer y que le impidió presentarse a la audiencia.

Los argumentos


La jueza que dio lectura al fallo aclaró que la condena impuesta al abogado Melgar González fue de forma unánime.

El fallo judicial condenatorio fue fundamentado por los jueces en la intervención de llamadas telefónicas del profesional y que se realizaron durante 2016 con la autorización judicial, además fue el fruto de la “noticia criminal” que dos informantes identificados como “Coyote” y “Langosta” ofrecieron a un inspector jefe de la Policía Nacional, en el que lo alertaron de una red de corrupción judicial que involucraba al abogado Melgar González, al expresidente Saca y empleados judiciales.

El oficial sostuvo al menos tres reuniones con los informantes en los que levantó actas que luego le fueron entregadas a la Fiscalía para su investigación.

También en el fallo contribuyó el testimonio de investigadores policiales que dieron “vigilancia y seguimiento” a cada uno de los movimientos que el abogado Melgar González de origen del municipio San Francisco Menéndez, Ahuachapán, realizó con la empleada judicial de la Cámara Primera de lo Civil y reuniones sostenidas en las instalaciones del Grupo Samix.

La jueza afirmó que quedó establecido que a cambio de dinero y un precio por cada favor, el abogado Melgar González corrompió la función o el servicio público y gratuito de los empleados judiciales, tras su directa relación entre él y los imputados.
La administración de justicia es gratuita, el servidor público está regido por prohibiciones ética y morales que le impiden recibir gratificaciones o dádivas a cambio de revelar información que por ley debe guardarse en secreto”, sostuvo la jueza.

“Dar, ofrecer o proponer dádivas al servidor judicial a cambio de transgredir sus funciones son conductas repudiables que socavan la democracia, la ética y la moral de un país”, pero esa fue la actuación cotidiana que marcaron las acciones en el ejercicio profesional del abogado Melgar González, afirmó la jueza.

Melgar González fue absuelto en dos casos que se vinculaba a un guatemalteco acusado del delito de resistencia y en otro, se busca la reducción de una pena impuesta por homicidio en la Cámara Penal de Occidente, sin embargo en las intervenciones telefónicas no se constató el ofrecimiento de dinero a los empleados judiciales, afirmó la jueza.

De acuerdo con las investigaciones, el abogado Melgar González había creado un nivel de confianza con el secretario y la colaboradora del Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez que a cambio de $20, $50, $100 y más de $300 según fuera el caso, le informaban de los nuevos casos que ahí se tramitaban, le indicaban el nombre, el delito y lugar de detención de cada imputado; además programaban las audiencias en día y hora a su conveniencia; en algunos casos hasta negociaban la libertad y fianza por imponer a los acusados.