El juez fundamentó su fallo en un vídeo aportado por Fiscalía en el que se observa que Mejía Cañas participan en el cercenamiento de la víctima en un predio baldío de la Santísima Trinidad.
Además, porque en el allanamiento a su casa durante su captura, le fue encontrado un suéter con sangre que dio positiva al ADN de la víctima.
En tanto, José Alexander Vicente Cáceres y Diego Alejandro Alex Cabrera, los otros dos procesados fueron absueltos, por falta de prueba contra ellos.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos que acabaron con la vida de Guevara Portillo comenzaron en su casa con su privación de libertad a la media noche del 10 de julio de 2019, luego, los acusados lo trasladaron a un predio baldío de la colonia Santísima Trinidad en Ayutuxtepeque.
Según la fiscal del caso, en ese lugar seccionaron su cuerpo y sus partes fueron semienterradas; dos días después sus restos fueron localizados por las autoridades.
Una de las hipótesis de la Fiscalía, es que la víctima fue ultimada como parte de las purgas internas de la pandilla del Barrio 18.
Como prueba contra los imputados, la Fiscalía contó con un testigo, además prueba tecnológica, ya que a uno de los imputados, las autoridades le incautaron un celular donde se apreciaba un vídeo donde se ve que decapitan a la víctima.
“Se hizo un análisis y extracción de información del teléfono como prueba; además en el allanamiento a la vivienda de uno de los tres acusados se encontró una prenda que pertenecía a la víctima, la cual tenía sangre, la que dio positivo a la prueba ADN”, explicó la fiscal del caso.
Pero el abogado defensor Carlos Meléndez refutó la versión fiscal, dice que este caso ya se ventiló en un Juzgado Especializado de Sentencia C y que cuatro imputados fueron condenados a penas de prisión.
A su juicio, la Fiscalía pidió un segundo juicio por el mismo hecho con imputados diferentes en un juzgado común, apoyada de prueba ilegítima.
Meléndez rechazó la versión fiscal que el celular que contenía prueba que incrimina a sus clientes fue obtenida en una serie de registros del Plan Casa Segura, ya que según él, hay evidencias que el aparato fue incautado sin autorización de un juez.