El Tribunal Tercero de Sentencia impuso tres años de prisión a dos agentes policiales tras hallarlos culpables del delito de fraude procesal en contra de una mujer, en Apopa.

La pena impuesta fue cambiada por la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que implica que los agentes deben cumplir reglas como:

  • Residir en la misma dirección,

  • No injerir bebidas alcohólicas,

  • No salir del país

  • Y presentarse al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y ejecución de la Pena de forma periódica.


El hecho se registró el 18 de febrero de 2018 cuando una patrulla policial llegó a la vivienda de la víctima, que por ser testigo protegido no se puede revelar su identidad, en la colonia Valle Verde II.

La señora se asomó a la ventana de su casa y vio que eran policías; ella les pidió un momento para abrirles porque antes tenía que amarrar un perro bravo para evitar que los mordiera”,reza parte de la acusación fiscal.

Según la víctima, los agentes le contestaron: “Sí, amárrelo porque si no le vamos a pegar un tiro”. Luego, la señora abrió la puerta principal de su casa y los dos agentes, sin presentar una orden judicial de allanamiento ingresaron, uno se quedó en la sala y el otro se dirigió a un cuarto y de un closet, sacó una bolsa con varias bolsitas adentro que parecían droga.

Tras el supuesto hallazgo, el agente le preguntó por esa bolsa con droga y la víctima muy extrañada le dijo que no sabía qué era eso, mientras los policía, le repetían una y otra vez que los residentes en esa casa se dedicaban a vender droga.

Uno de los agentes dijo que tenía que detener a uno, de al menos siete miembros que residían en esa vivienda, acusado de ser el responsable de la droga encontrada y preguntó: ¿Quién de todos aceptaría los cargos? y nadie respondió?; al final, el agente decidió llevarse a la madre.

Fue llevada a las bartolinas policiales de Apopa donde permaneció un mes, después la pasaron a cárcel de Mujeres en Ilopango, donde permaneció casi un año.

Luego fue sometida a un proceso abreviado, obligadamente aceptó los cargos que le imputaban, aduciendo que tenía un hijo con problemas serios de salud y discapacidad y prefería una condena corta y salir; que seguir todo el proceso judicial ordinario.

La mujer fue condenada a un año de prisión y quedó en libertad; y regresó a casa a seguir cuidando a su hijo, además, fue a la Fiscalía a denunciar lo que ella calificó como “una injusticia de la Policía” y demandó a los agentes que la capturaron por el delito de fraude procesal.

Fiscalía realizó todas las investigaciones y encontró suficientes pruebas para abrirles un proceso judicial a los agentes, quienes están en juicio.

En una de las actas, los agentes pusieron que el procedimiento lo habían realizado el 18 de julio de 2018, y fue el 18 de febrero de 2018. Tampoco registraron en el acta que la droga fue encontrada en la casa de la imputada sino que la mujer llevaba la droga adherida a su cuerpo.

Todas esas inconsistencias llevaron a la Fiscalía a concluir que se estaba frente a un fraude procesal.