El pasado 27 de octubre el Ministerio Público apeló las medidas argumentando una errónea aplicación de la ley por parte de la jueza 2o. de Paz, ya que el Código Procesal Penal establece que un imputado que ya goza de medidas no puede ser favorecido con similar resolución en un segundo proceso.
En la resolución la instancia superior señala que el juzgamiento en libertad antes de una condena firme es un derecho que le asiste a todo ciudadano y para el caso, es aplicado para el exfiscal.
Esto se fundamenta con una resolución de la Sala de los Constitucional del año 2014, donde se expresa que el “Estado no debe restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia, tratándose la prisión preventiva de una medida cautelar y no de un anticipo de pena”.