La jueza sostuvo que Fiscalía había ofrecido las suficientes pruebas que prevén que el embajador, Ochoa Pérez tomó fondos del Estado valiéndose de su cargo.
En el proceso también estaba involucrado Walter Alfredo Escalante Anaya en su condición de ex ministro consejero de la embajada en Honduras, pero la jueza consideró que en su caso no habían suficientes pruebas para que enfrente juicio y fue sobreseído.
Ambos suscribieron en 2005 dos contratos de alquiler de inmueble por $2,200 y por $3,000 mensuales, lo que dejaba en el segundo contrato un excedente de $800 por mes.
En el caso de Escalante Anaya la sustracción total suma $59,000; de 2005 a mayo de 2015, según Fiscalía.
“Fue informado por el señor Escalante Anaya al Ministerio de Relaciones Exteriores del contrato de arrendamiento de oficinas, únicamente por $3,000. Esta es una forma de extraer fondos públicos de dicho ministerio hacia sus patrimonios particulares”, explicó el fiscal del caso.
En total, la Cancillería Salvadoreña erogó de más $107,920 por manipulación de contrato de arrendamiento de inmuebles en Honduras.