Benito Lara. Archivo DEM
Los exministros de Justicia y Seguridad Pública, general David Munguía Payés y Benito Lara declararon este viernes en el segundo juicio que se sigue contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández; ellos dijeron que los fondos que generaron las tiendas institucionales de Centros Penales sirvieron pagar servicios de inteligencia.
Afirmaron que esos servicios tuvieron como propósito detectar planes para provocar alzas de homicidios, amotinamientos carcelarios, fugas de reos y otras amenazas que las pandillas planeaban para desestabilizar al país.
Munguía Payés, quien fungió como ministro de Justicia en los años 2011 y 2013 manifestó que de las tiendas institucionales salían fondos para cubrir gastos de inteligencia y servicios de confidencialidad del sistema carcelario.
El general afirmó que entre $2,000 y $2,500 mensuales se extraían de las ganancias que generaban las tiendas institucionales y que al ser fondos privados, no estaban obligados a rendir cuentas, a parte del uso final que se les daba, que no se podía revelar su destino.
Benito Lara, quien se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad Pública entre los años 2014 y 2016 dijo que en su gestión, las tiendas institucionales funcionaban en números rojos o pérdidas, porque servían para pagar salarios de sus mismos empleados.
Este viernes también declaró un perito que realizó un estudio financiero de las tiendas institucionales ordenado por la Fiscalía General de la República y entre otros hallazgos concluyó que identificó $208,000 que se utilizaron no para beneficio directo de los prisioneros como manda la ley en este tipo de negocios, sino para inteligencia durante la gestión de Nelson Rauda y Rodil Hernández.
Esa versión fue reiterada por otros dos testigos de Fiscalía, quienes fungieron como empleados de las tiendas institucionales, además detallaron que esos fondos fueron para pagar personal de Centros Penales como psicólogos, médicos, compra de medicamentos y otros insumos para la atención de salud de los prisioneros.
Como testigo de descargo declaró el exgerente de Operaciones de Centros Penales entre 2012 y 2018 quien afirmó que los ingresos de las tiendas institucionales fueron utilizados para cubrir necesidades propias del sistema penitenciario como reparación y cambio de techos, pisos, alcantarillas, sistemas de agua potable, otras obras de ingeniería y la construcción de dos granjas, una en Santa Ana y otra Izalco, Sonsonate.
El exfuncionario manifestó que en las tiendas institucionales laboraban entre 60 y 65 empleados que no gozaban de prestaciones sociales como seguro social, AFP y que cuando enfermaban ellos tenían que cubrir su atención y medicamentos.
En total este viernes declararon seis testigos de la Fiscalía y cuatro de la defensa.
Según el abogado defensor Manuel Chacón, las declaraciones de los testigos han desvanecido la teoría de acusación de la Fiscalía, que señala a los exdirectores de actos arbitrarios y administración fraudulenta.
Contablemente se ha demostrado que no hay faltante de dinero en las tiendas institucionales, se ha comprobado que los fondos se invirtieron, y por ser de naturaleza privada no se puede acusar de malversación que es propio del manejo de los fondos públicos, pues los reos eran clientes y no socios con participación económica y representación en la administración”. explicó el abogado Manuel Chacón.
En tanto, Fiscalía asegura estar fortalecida en su acusación con abundante prueba para demostrar la participación delictiva de los exdirectores.
“Ellos utilizaron fondos de las tiendas institucionales para lo cual no estaban autorizados”, sostuvo el fiscal.