El abogado aseguró que los fondos que generaron las tiendas institucionales fueron invertidos en programas de rehabilitación, atención de salud de los privados de libertad y el mejoramiento del sistema penitenciario. “Ellos no han cometido ningún hecho ilícito y se les está procesando para lanzar una cortina de humo por otros problemas serios y graves que el país tiene”, puntualizo.
Dijo que hay “suficiente prueba” para demostrar en qué se invirtió cada centavo que generaron las tiendas institucionales, y que “ningún centavo o dólar fue a parar a los bolsillos de los funcionarios”.
“Existe suficiente evidencia que fue legal y apegado a todo ordenamiento jurídico, la construcción de la sociedad Asocambio”, agregó el defensor.