El juez de instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Guzmán, enfrenta un segundo escrito para ser separado del proceso judicial por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en diciembre de 1981.
Los defensores de los procesados Roberto Antonio Garay Saravia y Rafael Santiago del Cid Aguirre han señalado que el juez Guzmán debe ser apartado del proceso penal, porque en 1993 hizo su tesis para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas, donde externó su posición sobre los hechos ocurridos en el caserío El Mozote.
"El juez Jorge Alberto Guzmán, en su trabajo de graduación, ha expresado su opinión clara y precisa sobre los hechos ocurridos en el cantón El Mozote, a partir del día 11 de diciembre de 1981, y de manera escrita, en su trabajo de graduación, que contiene valoraciones de carácter eminentemente político, altamente discutibles, específicamente sobre el punto que va a decidirse, y atribuye totalmente la responsabilidad a los miembros de la Fuerza Armada, sin dar oportunidad a las diferentes tesis de El Mozote, como escenario de guerra y como cementerio clandestino de la guerrilla insurgente", dice la petición de recusación.
Los defensores creen que sus valoraciones hechas en la tesis, explican su actuación en el juicio y consideran que "sobrepasa los límites de la ética profesional y de la moralidad, que deja ser, cuando conociéndose la existencia de un prejuicio y condición de aceptar juzgar, conscientes de faltar al principio de imparcialidad, regulado en la ley".
A principios de marzo, los fiscales del caso pidieron separar al juez, pero la Fiscalía General de la República abrió una auditoría para investigar esta actuación.
Los fiscales argumentan en su escrito que el juez no ha sido imparcial en el proceso, porque en diferentes audiencias ha dicho que no comparte la aplicación del Código Penal de 1973-1974 que estaba vigente, cuando ocurrió la matanza de 978 personas en diciembre de 1981.