Roberto Burgos, apelante (izquierda) y Carlos Salgado, apoderado del Ministerio de la Defensa (derecha) en audiencia, ayer. / Iliana Cornejo
El apoderado del ministro de la Defensa, el abogado Carlos Salgado reiteró que la institución que representa no está dispuesta a entregar los nombres de los jefes militares que asistieron a la conferencia de prensa del 10 de abril, de este año.
En esa conferencia de prensa, el titular de la Defensa, David Munguía Payés, dijo sentirse “ofendido” porque el Instituto de Acceso a la Información Pública no le concedió derecho de audiencia para explicar la destrucción de documentos sobre el conflicto armado.
El representante de la Defensa dijo ayer que los nombres y cargos no pueden ser entregados porque se pone en riesgo la seguridad de los altos mandos y se revela el orden de batalla.
“Al divulgar, nosotros, nombres, cargos, a dónde pertenecen cada una de las personas que estaban presentes en esa reunión o de cualquier otro miembro de la Fuerza Armada, activo o de baja estamos facilitando a grupos terroristas que ellos puedan atentar contra la vida y contra la integridad no solamente de los miembros militares, sino también de sus familias”, dijo ayer en la audiencia oral, el representante del ministerio.
Salgado presentó como prueba a los comisionados del IAIP, 54 copias de notas periodísticas sobre asesinatos de militares a manos de pandillas.
Por su parte, el apelante, Roberto Burgos señaló que la petición no expone a los altos mandos, que según la misma información entregada por el ministerio, tienen escoltas.
“La comparación no es válida. Ningún coronel o general anda en bus, excepto el general Munguía Payés cuando era ministro de Justicia”, dijo Burgos y agregó “Yo no estoy pidiendo, en ningún momento, planes militares secretos, ni creo que revelar el nombre de los jefes militares que asisten a esas conferencia de prensa, sea revelar el orden de batalla de las fuerzas armadas, porque si reconociéramos como cierto ese argumento, entonces, el que estaría poniendo en riesgo y quien va a ejecutar ese orden de batalla es el mismo ministro de defensa”, dijo.
El apelante entregó como prueba al pleno del Instituto, dos notas periodísticas y comunicados de prensa del Ministerio de la Defensa donde publican los ascensos de generales y coroneles en diciembre del año pasado.