Una decena de organizaciones civiles y colectivos manifestaron en un pronunciamiento emitido este jueves que la respuesta estatal al flagelo de la desaparición de personas es deficiente y no constituye una respuesta acorde a tan grave violación de derechos humanos.
Destacaron que, de acuerdo a registros de la Fiscalía General de la República, en lo que va de 2021 se han reportado más de 1,200 denuncias de desapariciones y enfatizaron en que “el Estado tiene el deber de buscar y por ende, las víctimas tienen el derecho a ser buscadas”.
También, consideraron irrespetuoso el abordaje de las autoridades de Seguridad Pública del problema, “un trato que lastima la dignidad de las víctimas”.
Lo anterior en referencia a las desatinadas declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien el pasado 8 de noviembre aseguró en conferencia de prensa que los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo tenían vínculos con pandillas y venta y consumo de drogas, sin dar mayores detalles ni aportar evidencia. Ambos se encuentran desaparecidos desde el 18 de septiembre anterior.
El mismo funcionario, informó el 16 de noviembre a través de Twitter del hallazgo de los restos que se presumía hasta entonces eran de Jimena Ramírez, una exfutbolista desaparecida en Santa Tecla el 24 de octubre.
En su publicación, un familiar de Jimena le pidió información a Villatoro pues aseguró que se enteró del hallazgo a través de redes sociales. Su padre confirmó que sí se trataba de Jimena Ramírez el martes al salir de la sede del Instituto de Medicina Legal.
Las declaraciones, justificaciones o respuesta que desde los niveles más altos hasta las prácticas cotidianas en personal operativo, suelen estar cargadas de estigma y prejuicios sobre todo contra poblaciones socialmente desventajadas que no favorecen a investigaciones objetivas y eficaces”. lamentaron.
Reiteraron que toda estrategia de búsqueda de desaparecidos debe incorporar a los familiares de la víctima y las autoridades están llamadas a atender con empatía y respeto.
Las organizaciones agregaron que el hallazgo de desaparecidos ya fallecidos no debe ser presentado de manera pública como si de un logro o triunfo se tratara.
El mandato legal de las personas funcionarias es precisamente evitar que miles de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres nos convirtamos en víctimas de esta barbarie”. concluyeron.
#Comunicado
El Estado debe respetar la dignidad de las víctimas de desapariciones y dar participación a sus familiares y personas que les buscan.@prensagrafica @ysuca91siete @NoticieroHechos @Teleprensa33 @EFE_ACENTRAL @AP_Noticias @focostv @elsalvadorcom @ElMundoSV @_elfaro_ pic.twitter.com/dT7MP3uZkL
— FESPAD (@FESPAD_sv) November 18, 2021