En el último quinquenio, una de las ejecuciones judicializadas fue la masacre en San Blas.
Solo el 1.8 % de los agentes policiales vinculados a ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2020 recibieron una condena de prisión tras ser hallados culpables en juicio, pero no por homicidio agravado sino por homicidio simple, detalla el informe sobre ejecuciones extrajudiciales ofrecido por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, (UCA).
“Por ello se concluye que el sistema de justicia da un trato diferenciado a los agentes policiales y militares, que enfrentan procesos judiciales por delitos relacionados a las muertes violentas como resultado del favorecimiento que existe, respecto a la versión oficial”, reza el informe del Observatorio Universitario.
El informe del OUDH que actualiza los datos sobre violencia en el país, fue elaborado con información brindada por las oficinas de acceso a la información pública de la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y los registros de los casos que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) ha atendido, investigado y documentado.
Las frías estadísticas del estudio revelan que en el quinquenio 1,824 personas murieron en “enfrentamientos armados o ataques ilegítimos”, y que en esos hechos fueron vinculados a 1,365 agentes de autoridad quienes fueron detenidos, pero al final, los jueces les decretaron detención provisional a solo 93 agentes.
“Es una proporción bastante reducida, que contraría las disposiciones legales que establecen que en cierto tipo de delito no es posible dar medidas alternativas”, destacó Jorge Rodríguez, coordinado técnico del observatorio.
El 78% de los agentes y militares fueron sobreseídos en los procesos judiciales, un 14 % fue sobreseídos provisionalmente y solo 25 policías fueron condenados por homicidio simple.
“Es decir que la impunidad está garantizada en la gran mayoría de casos”, destaca la investigación.
Adicional a esos datos, el monitoreo de medios de prensa del país por parte del Observatorio Universitario determinó que 83 policías y militares son investigados por la Fiscalía por pertenecer a grupos de exterminios.
Ejecuciones extrajudiciales
El OUDH destaca además, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido documentados e investigados en el periodo, cuyos hechos se dieron en el marco de procedimientos policiales donde hubo abuso de la fuerza letal y por grupos de exterminio.
“En siete de los 13 casos, las autoridades los manejaron como acciones ilegítimas, pero las investigaciones desmintieron esta narrativa institucional que solo sirvió para encubrirlas”, afirmó Rodríguez.
El informe establece que los grupos de exterminio son integrados “por agentes policiales y efectivos militares, que coordinan con personas civiles para llevar a cabo el asesinato selectivos, utilizando recursos materiales e intangibles del Estado, simulando operativos policiales y planificados desde la clandestinidad y fuera de horario”.
Según investigaciones periodísticas, en los últimos cinco años, 15 grupos de exterminios integrados por policías, militares y particulares han sido desarticulados con sus detenciones, “pero todo apunta que este tipo de estructura permanece vigente”, afirmó Jorge Rodríguez, coordinador técnico del OUDH.
Estos grupos en los que se ha identificado a 59 agentes policiales activos, 24 militares y 168 particulares, operan en la zona oriental y paracentral del país.
“En El Salvador en los últimos años hay uso excesivo por la fuerza letal, no se cumplen los principios que deben regir el accionar policial: proporcionalidad, legitimidad, estricta necesidad y del mínimo daño”, sostuvo el coordinador.
El fenómeno se agudizó cuando en El Salvador en los últimos años, ha aumentado la militarización de la seguridad pública, se ha dado respuestas represivas en centros penales y se ha reducido el acceso a la información pública, instrumentalización de la PNC, entre otros, concluyen los investigadores.
Para el director del Idhuca, José María Tojeira, el estudio demuestra “que hay abuso y encubrimiento de la fuerza de parte de las instituciones del Estado y que no hay deseo de analizar a fondo la realidad, ni mucho menos de hacer propuestas que mejoren la situación”.