Uno de los casos que se denominó como detención arbitraria, fue la de Daniel Alemán, quien fue exonerado por el delito de extorsión.
Un estudio de la Asociación pro defensa de los derechos humanos en El Salvador, “Azul Originario”, reveló que un 95 % de los salvadoreños no cuenta con la asesoría de un abogado, luego de ser detenido por la Policía Nacional Civil, tras acusársele de algún delito.
Solo el 5 % de las personas arrestadas presentan condición favorable económicamente para acceder a la justicia de una manera más rápida.
Un 90 % de estas detenciones ocurren en personas jóvenes, residentes en zonas rurales y urbanas marginales, donde es frecuente la presencia de pandillas, hay alto índice de violencia y delincuencia.
Un fenómeno que amenaza incrementarse con la mayor presencia de autoridades de Seguridad Pública y militares, pues estos últimos no están formados en las labores de seguridad pública sino para acciones de fuerza o choque.
Las instituciones encargadas de procesar y defender a las personas que son detenidas tampoco cuentan con registros oficiales que reflejen cuántos de los arrestos en el país son ilegales o arbitrarios, afirmó Huber Romero, uno de los investigadores de “Justicia una deuda permanente”, “Casos de detenciones ilegales y/o arbitrarias en El Salvador”.
Agregó que Fiscalía y Policía Nacional Civil, no reconocen las detenciones arbitrarias o ilegales sino “detenciones por empleados o funcionarios públicos, las que son demasiadas ambiguas como lo menciona el artículo 290 y 291 del Código Penal”.
Un 75% de estas personas, muestran padecer trastornos pos traumático y depresión leves luego de esa experiencia. “Una persona que es detenida de forma arbitraria e irregular que no ha cometido delito no tiene la más mínima idea de lo que va a suceder en su proceso judicial, ni se imagina lo que se espera”, destacó la investigadora. Ocho meses llevó al equipo jóvenes profesionales investigar 25 casos en los últimos cinco años, en que las personas fueron detenidas por delitos que aseguran, no cometieron.
El dato
El estudio se fundamenta en seis casos de los últimos cinco años de 2016 y 2021, en las que han señalado “la tortura”, por parte de la Policía para obtener información.