Las familias de los desaparecidos experimentan un “verdadero calvario”, en la travesía de su búsqueda, tras un día haber salido de casa rumbo al trabajo, centro de estudios o a realizar cualquier otra diligencia y ya no regresaron a la hora que siempre lo hacían.

Una investigación de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (Fespad) realizada entre 2014 y 2020 recoge la angustia, el sufrimiento, el dolor y la insatisfacción que experimentan los parientes en ese proceso.

Un flagelo que no parece parar en El Salvador, por el contrario, las estadísticas de la Fiscalía General revelan que de enero a mayo 575 personas fueron reportadas como desaparecidas.

 

A priori.


El estudio refiere que de primas a primeras, tanto policías como fiscales concluyen sin mayor fundamento que si es hombre, el desaparecido, es pandillero o que andaba en malos pasos; y si es mujer, que se fue con el novio o cambió de pareja.

Además, hacen que los parientes vayan de delegación en delegación para recibirles la denuncia.

“Me dijeron que, si yo les estaba exigiéndoles a ellos para que lo fuéramos a buscar (al desaparecido), que me iban a meter presa a mí. Porque como yo llegué a exigirles, yo en mi desesperación, afligida llorando”, afirmó una pariente que le contestó una fiscal.

Ha sucedido, detalla la investigación, que los parientes al no tener respuesta de las autoridades competentes, en su angustia se arriesgan al ingresado a zonas peligrosas dominadas por las pandillas e incluso han conversado con quienes han privado de libertad a sus parientes, en claro riesgo de sufrir cualquier ataque o ser víctima de ese flagelo.

En otro caso, la fiscal reprendió a una pariente porque no se contenía de llorar tras el sufrimiento que llevaba; la fiscal le dijo que “no era sacerdote para que estuviera llorando frente a ella”.
(El sistema) sigue siendo burocrático, absurdo, nada sensible a las necesidades, al dolor que implica la desaparición”. Verónica Reyna, Servicio Social Pasionista

En varios casos, también ha sucedido, que las víctimas no fueron atendidas en sede fiscal, si no se acompañaba de su representante legal o un abogado, o los dejaban esperando horas, sin darle la atención e información sobre el avance del caso.

“Se trata de un trato discriminatorio en el que se niega a las víctimas y familiares su derecho de acceso a la justicia y a ser informado sobre la evolución de su caso”, afirmó Trinidad Mónico, de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu).

El estudio detalla un caso en que una víctima y su padre, una persona de la tercera edad, llegaron a la Fiscalía en busca de resultados de una investigación por desaparición de un sobrino, en momento que llovía fuerte “y como no habían llevado el abogado que los representa, los dejaron afuera del edificio y se empaparon todos”.

Sucedió también, que un investigador policial asignado a un caso de desaparición, empezó a acosar a la esposa de la víctima y al enfrentar su rechazo, redujo su interés por continuar las diligencias.

 

Denuncias recientes.


Uno de los casos recientes es el de Flor María García, quien desapareció el 16 de marzo a las 6:30 de la mañana cuando se dirigía de Cojutepeque, Cuscatlán, a San Salvador a comprar insumos médicos para la clínica de su esposo.

De esa fecha a la actual, ni la Fiscalía ni la Policía han reflejado avances en la investigación del caso.

Recientemente, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro afirmó que el caso de Flor María “no ha quedado en el olvido como se pretende hacer ver”, sin embargo, ya lleva más de 90 días que se desconoce de su paradero.

Como los parientes de Flor María, miles de salvadoreños se movilizan a diario de un lugar a otro con la agonía de saber de sus seres queridos, pero en ese esfuerzo, el estudio de Fespad de los últimos seis años revela que estas personas han encontrado “mala atención, actitudes irrespetuosas, falta de consideración, malos tratos y hostilidad de parte de los policías y fiscales durante la etapa de recepción de la denuncia y de la investigación del hecho”.

Frente a estas experiencias concluyen los expertos que la respuesta del sistema sigue siendo revictimizante.

“Sigue siendo burocrático, absurda, nada sensible a las necesidades, al dolor que implica la desaparición”, manifestó Verónica Reyna, del Programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).