El coronel Sigifredo Ochoa Pérez llegó a las citas al juzgado.
El exembajador de El Salvador en Honduras, durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, coronel Sigifredo Ochoa Pérez, no tiene abogado que lo defienda en la audiencia preliminar, en la que Fiscalía General lo acusa de peculado o apropiarse indebidamente de $41,400 cuando fungió en la sede diplomática.
A raíz de esa falencia, y siendo un derecho constitucional del imputado, la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador reprogramó la audiencia para el 14 de julio, fecha en la que se espera haya nombrado su abogado defensor.
Por los mismos hechos, también es acusado Walter Alfredo Anaya Escalante, exministro consejero salvadoreño en Honduras, y Soledad Funes de Ramírez, de nacionalidad hondureña, esta última en su condición de cómplice.
Esta es la segunda vez que se frustra la audiencia preliminar en la que la jueza Segundo de Instrucción valoraría sí hay suficientes pruebas para enviar el caso a juicio.
El coronel Ochoa Pérez asistió puntualmente a la sede judicial tal y como lo había ordenado la jueza, el problema fue su abogado que no llegó.
“Dice que viene de San Miguel, ya va a venir”, dijo el coronel a la prensa, y así pasó algunas horas, hasta que el tribunal decidió suspender la diligencia.
Más tarde se supo por fuentes judiciales, que en realidad, el coronel Ochoa Pérez aún no ha nombrado a su defensor.
El anterior que tenía no asistió a la audiencia porque según el coronel Ochoa quería que le pagara por adelantado y no aceptó.
El militar que fue nombrado embajador de El Salvador en Honduras, entre 2005 y 2009, en la administración del expresidente, Elías Antonio Saca, periodo en él que habría cometido el ilícito.
Sin embargo, Ochoa Pérez ha afirmado que él nunca se ha apropiado de “ningún centavo” que no le pertenece y esto lo calificó en su momento, como “una persecución política de parte del excanciller efemelenista, Hugo Martínez”.
La acusación
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que en 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento para establecer la sede diplomática de El Salvador en Honduras, por uno se pagaban mensuales $2,200 que era el precio original y otro $3,000.
En un segundo contrato había un excedente de $800, que aparentemente se apropió Ochoa Pérez y luego de su retiro, ese dinero se lo dejó el ministro consejero, Walter Anaya Escalante, también procesado pero en su ausencia.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el coronel Ochoa se habría apropiado de $41,040, mientras que Anaya de $59,000; esta última cantidad la siguió obteniendo hasta mayo de 2015. El monto total que señala la Fiscalía es de $107,920, que provenían de los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores.